Bajar los impuestos en luz, gas y agua: la solución al tarifazo que el Gobierno rechazó
La plantearon técnicos, economistas y organizaciones a distintos funcionarios. La carga impositiva explica cerca del 40% del valor final de las facturas. Las razones del PEN para no aplicar bajas.
“Se me rieron en la cara”. La frase la repite y la cuenta sin parar un economista que supo tener buena línea con el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Recibió ese gesto cuando planteó ante el titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, que lo mejor para amortiguar el impacto de los tarifazos en la luz, gas y agua era reducir la carga impositiva en las facturas. Hoy, el Estado se queda con casi 4 de cada 10 pesos que abona el usuario final. Y los tributos suben, además, proporcionalmente a los aumentos que se aplican en la tarifa plena y otros cargos. Tan básico y práctico fue el pedido de bajar las cargas que hasta se animaron a recomendarlo casi todas las asociaciones de consumidores con algo de peso histórico. Con ese esquema, más allá de la escasa gradualidad de las nuevas tarifas aplicadas, se hubiese logrado morigerar la afectación a sectores medios, buena parte de la construcción que llevó a Mauricio Macri a triunfar en la última elección presidencial.
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Los que hicieron las propuestas, explican que hay una razón clara para la negativa: el Gobierno no está dispuesto hoy a resignar recaudación justo en el momento en que los ingresos vía impuestos crecen más de 10 puntos menos que los niveles de inflación. El planteo no tiene lógica desde la política tributaria, menos si se observa que a principios de año se rebajó a 0% la retención al sector minero y también hubo reducción de tributos para la exportación de granos.
En el Área Metropolitana los cargos en gas y luz son impactantes: en el sector gasífero hay dos distribuidoras que se reparten la parte Sur bonaerense y Capital Federal (Metrogas), y el oeste de la provincia (Gas Fenosa). Las facturas de esas compañías tienen más de un 30% de impuestos, es decir, de una factura de $1000, $300 son cargos que recauda el Estado y que no tienen que ver con el costo de la energía. El resto es precio del gas (50%); y transporte y distribución del fluido (20%). En el caso de los bonaerenses, dentro del 30% de impuestos se paga 21% de IVA y 9% de cargos netamente provinciales. A esto se le suma, en todos los casos, algún otro cargo municipal menor.
En el servicio eléctrico, en tanto, el aporte de impuestos sobre el total de la factura es mucho mayor. Según datos de la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), en las boletas de las dos distribuidoras de Capital y el GBA (Edesur y Edenor), los usuarios porteños pagan 28% de impuestos y los bonaerenses más de 40%.
Crónica de una disputa de largo aliento
Hoy la situación de las tarifas y los aumentos entró en un stand by que no parece tener plazos lógicos. Las compañías perdieron la fe en una definición favorable cuando se judicializó la cuestión de fondo. Y apoyaron la apelación del Gobierno a la Corte Suprema. Ahora, después de la feria, el máximo tribunal deberá definir si el tope del 400% anunciado esta semana se aplica o no. Si la respuesta es negativa, habrá que elaborar un nuevo cuadro tarifario para abril, siendo que el de mayo ya quedó sin efecto. Con todo, habrá varias semanas de incertidumbre. Como con casi todos los temas espinosos, la necesidad de actualizar tarifas dividió aguas puertas adentro del Gobierno. Los que estuvieron el lunes al mediodía en la reunión previa a los anuncias del tope del 400% detallaron el entusiasmo con el que llegó al convite el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Con varias carpetas bajo el brazo se sentó a la mesa con la idea de prorratear en al menos 6 cuotas el pago de las tarifas nuevas. Ni siquiera empezó a plantearlo y lo interrumpieron para explicarle que las inconsistencias en la elaboración de los de cuadros tarifarios le había generado un dolor de cabeza impensado al macrismo. Y que la salida única al tema era política. Una posición que sostuvo Frigerio y ala más pragmática. Los que conocen la interna aseguran que el tarifazo gate dejó al ex Shell herido en la consideración. El otro que quedó al borde del nocaut es el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, uno de los responsables de no haber contenido la disparada inflacionaria que derivó en un segundo semestre de cóctel mortal: alta inflación con recesión. El ex JP Morgan, confundido por los reproches presidenciales, salió incluso a pegarle duro a Aranguren, al que culpó de afectarle las metas económicas planificadas a principios de año.
