LEY ÓMNIBUS

Con presión de los gobernadores y duras críticas, negocian cambios a la ley de blanqueo

Los mandatarios provinciales buscan que el Gobierno financie los déficits previsionales. La oposición apunta a la pensión universal, las acciones de la Anses y el pago de sentencias.

El proyecto de ley que promueve el blanqueo de capitales y el pago a los jubilados generó profundas críticas en la oposición y saldrá de la Cámara de Diputados con un importante número de modificaciones, entre las cuales está la introducción de artículos que prevén el financiamiento por parte de la Nación del déficit de las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales. El oficialismo intentará sacar dictamen este jueves.

 

“El modelo va a ser el de la ley de pago a los holdouts. Va a salir de Diputados con un 80 por ciento de cambios”, vaticinó uno de los diputados de la oposición más metido en la negociación de modificaciones con el oficialismo. En efecto, luego del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsional que tuvo lugar el jueves 2, los distintos bloques entraron en rondas de conversaciones en las que quedó claro que hay un solo punto de coincidencia entre todas las fuerzas: la convicción de que el pago a los jubilados debe concretarse.

 

Por lo demás, el massismo, el bloque Justicialista y el kirchnerismo cofluyen y disienten en distintos aspectos de la ley, lo que abre un sinfín de negociaciones con el oficialismo, que ya se resignó a aceptar modificaciones.

 

“El pago a los jubilados es el endulzante de una ley que viene con muchos puntos polémicos atrás. El proyecto es un revuelto gramajo de cinco temas distintos”, repite Axel Kicillof. Para el ex ministro de Economía, el Gobierno “hizo creer a los jubilados que habrá subas generalizadas para todos y no es así”. “No queda claro a cuántas personas se las va a pagar y cuánto. Ni con qué plata lo vamos a hacer”, dice Kicillof.

 

Más allá de las dudas sobre los montos, el kirchnerismo apunta sus críticas al reemplazo de la jubilación por la pensión universal a la vejez, que propone la ley, y al aumento de la edad jubilatoria – de 60 a 65 años- para las mujeres que accedan a la pensión. En este punto, el Frente para la Victoria acuerda con el Frente Renovador – encabezado en la materia por Mirta Tundis - y el bloque Justicialista, que ya abrieron vías de diálogo con el oficialismo para que acepte modificaciones.

 

Otro punto controvertido tiene que ver con la venta de las acciones del Estado que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Mientras que el oficialismo pretende derogar la ley 27.181, que prohibe al Estado nacional la venta de activos de Anses en empresas privadas, el kirchnerismo se niega a abrir el debate y el Frente Renovador podría apoyar una flexibilización de la norma.

 

Según trascendió este miércoles en Diputados, Sergio Massa buscaría una solución intermedia, que habilite al Gobierno a vender las acciones, pero fijando topes y restricciones, que establezcan, por ejemplo, qué porcentaje concreto del FGS deben representar esos títulos. Actualmente, según el Frente Renovador, las acciones representan el 9,2 por ciento del FGS.

 

El Frente para la Victoria, por su parte, insistirá en los límites al blanqueo de capitales y procurará excluir de la lista de beneficiarios no solo a los funcionarios nacionales sino a los integrantes de los tres poderes del Estado – Ejecutivo, Legislativo y Judicial -, de los tres niveles de gobierno – nacional, provincial y municipal- tanto como a los parientes en primer grado de consanguinidad. El Frente Renovador recurrió a los consejos del economista Aldo Pignanelli, que se reunió el martes con Massa y Marco Lavagna y advirtió las precisiones que debería tener el proyecto para evitar que el blanqueo abra la puerta a la entrada de capitales provenientes de delitos como el narcotráfico o el lavado de dinero.

 

Además, tanto Kicillof como Diego Bossio y Massa le cuestionan al oficialismo la quita que el proyecto propone a los 50 mil jubilados que ya tienen sentencia firme y cuyo pago – de 12500 millones – ya había sido incluido el año pasado por el kirchnerismo en el presupuesto 2016. “No hay motivos para no pagar esas sentencias, ya tienen la plata asignada”, dicen en el massismo. Luego de la acordada que dictó la Corte Suprema el martes 7, que establece como última instancia de los juicios previsionales a las Cámaras federales de todo el país, a esos 50 mil sentencias firmes se sumarán otras 80 mil, que ya no deberán llegar al Máximo Tribunal.

 

Pero sin dudas una de las modificaciones más importantes será la incorporación de artículos referidos a los déficit de las cajas previsionales provinciales - condición de los gobernadores para acompañar el proyecto - que este miércoles Massa y Bossio negociaban con el oficialismo. Los diputados cruzaron también a  la Cámara alta para conocer la opinión del bloque de los senadores peronistas sobre el tema. Uno de los artículos propuestos establece un mecanismo automático para que la Nación cubra los deficit de las 13 provincias que no tranfirieron sus cajas previsionales. El reclamo de los gobernadores también incluye el pago retroactivo de los fondos, reinvindicación en la que encuentran - por ahora- solo el acompañamiento del Frente para la Victoria.

 

El otro punto tiene que ver con pedirles a las 11 provincias restantes que le devuelvan a la Anses los fondos que deben desde 2003, correspondientes al cinco por ciento de aportes patronales, que pasaron del 11 por ciento, en 2001, al 16 por ciento, dos años después, pero cuyo monto nunca fue reintegrado al organismo por los estados provinciales.

 

Por último, el kirchnerismo también pretende discutir las penalidades al blanqueo y la eliminación del Impuesto a los Bienes Personales, que propone el proyecto. “Nosotros no queremos que sea solo blanqueo, sino repatriación de fondos. La combinación entre blanquear bienes en el exterior, pagar solo un ciento por ciento del valor de los bienes como penalidad y después no pagar Bienes Personales es un premio al evasor”, dice Kicillof.

 

El oficialismo buscará sacar dictamen de comisión este jueves, aunque sabe que será complicado. Hasta el miércoles por la tarde, pese a las negociaciones, había cuatro dictámenes en curso. El jueves por la mañana, antes del plenario, los dirigentes de distintos bloques retomarán las conversaciones para ver si es posible unificar posturas.

 

 

 

Victoria Villarruel, en el Senado.
El bloque oficialista de Martín Llaryora, Hacemos Unidos por Córdoba, está dispuesto a consensuar modificaciones en la ley del juego online con la oposición.

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