El sinceramiento

Una ley que el Gobierno ignoró preserva a los clubes de barrio del tarifazo

Sancionada y promulgada de hecho a fines del año pasado, crea un régimen especial para entidades de bien público. Rige para el área de concesión controlada por la Nación. Las provincias deben adherir.

Hay una ley nacional que podría haberle evitado el sofocón del tarifazo a los clubes de barrio del área metropolitana (Ciudad de Buenos Aires y conurbano). Y, además, le hubiera ahorrado al Gobierno algo del desgaste que sufrió con la queja de esas instituciones –y su amplia difusión mediática- por el impacto de este capítulo del “sinceramiento” de la economía. Para eso, el propio Gobierno no debería haberla ignorado al momento de aplicar el ajuste en el precio de los servicios de luz, gas y agua.

 

La ley 27.218 crea el Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público (ver texto completo) y “define un tratamiento particular a aplicar a las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro sujetos de este régimen en relación con el precio que las mismas pagan por los servicios públicos”, según establece en su artículo 2.

 

La norma, que alcanza a los servicios de agua potable, energía eléctrica, gas natural y telefonía, fue sancionada por el Congreso el 25 de noviembre de 2015. No la promulgó la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cedió el mando en el presidente provisional Federico Pinedo a las 0 horas del 10 diciembre. Tampoco lo hizo el senador del PRO en su mandato de 12 horas y no lo hizo Mauricio Macri. Vencido el plazo legal, quedó promulgada de hecho el 22 de diciembre. El nuevo jefe de Estado siguió ignorándola: no la reglamentó y no la tuvo en cuenta a la hora de ajustar las tarifas de los servicios.

 

La ley no rige automáticamente en las provincias porque requiere la adhesión de cada distrito por medio de pronunciamientos de las legislaturas. Pero sí para la zona servida por empresas prestatarias de servicios que actúan bajo control del Estado nacional.

 

Ergo: según manda la norma, los miles de clubes de barrio de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano deberían haber sido beneficiadas con tarifas subsidiadas. Pero no: recibieron el mismo trato que los usuarios comunes y corrientes y ahora deben penar hasta que empiece a funcionar la rueda que echó a rodar el Gobierno cuando las llamas del reclamo masivo de estas entidades alcanzaron las paredes rosadas de la Casa de Gobierno: inscribirse en un registro y esperar que el Estado nacional, a través de la Secretaría de Deportes, les gire los fondos que les permitan compensar el 40% de las boletas –por ahora sólo de luz. En virtud de que el consumo varía período a período, se infiere que deberán enviar la documentación mes a mes y esperar que, mes a mes, les llegue el salvataje. Y rogar que esa rueda nunca se atasque.

 

“Este tratamiento particular obedece a la naturaleza específica de estas personas jurídicas que no persiguen fines de lucro y tienen por principal objeto el bien común”, explica la ley, y define que:

 

  • “El Régimen Tarifario Específico (…) supone el cobro de una tarifa, por parte de los prestadores de servicios públicos, que resulta de la incorporación en el cuadro tarifario respectivo de la categoría ‘entidad de bien público’.”
  • “Los entes reguladores de servicios públicos deben incorporar esta categoría en los cuadros tarifarios respectivos e implementar la tarifa creada por la presente ley.”
  • “Se establece como tope máximo en la facturación de los sujetos del presente régimen, la tarifa máxima prevista para los usuarios residenciales para cada servicio.”
  • “La base de facturación será equivalente o menor a la tarifa mínima que abonan los usuarios residenciales, según los cargos propios de cada servicio.”

RECOMENDACIÓN Y AMPARO. En la provincia de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo emitió la semana pasada cuatro resoluciones en las que les “recomienda” a autoridades nacionales y provinciales y a organismos de control que implementen “un régimen especial para Entidades de Bien Público de acuerdo a lo establecido por la Ley 27.218”.

 

Las resoluciones 95, 96, 97 y 98 de 2016 del organismo bonaerense van dirigidas al Ministerio de Energía de la Nación, al Ente Nacional Regulador de la Energía (Enre) y al Ministerio de Infraestructura y Servicios de la provincia de Buenos Aires, en este último caso a través de dos disposiciones que incluyen, cada una, pedidos al Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (Ocaba) y al Organismo de Control de la Energía de la provincia de Buenos Aires (Oceba).

 

A la cartera nacional que conduce Juan José Aranguren, la Defensoría le pide que “interceda ante las autoridades de los Entes Reguladores y las Empresas prestatarias de servicios públicos a los fines que suspendan la facturación total respecto de los sujetos comprendidos en la Ley 27.218, hasta tanto se implemente el Régimen de beneficios previsto” en esa norma.

 

En tanto, al ministerio provincial que dirige Edgardo Cenzón le encarga que “implemente dentro del cuadro tarifario vigente” de los servicios de agua y luz “un régimen especial para Entidades de Bien Público de acuerdo a los establecido” por la ley en cuestión.

 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo porteña interpuso un recurso de amparo fundado en esta norma con el objeto de proteger del tarifazo a las entidades de bien público de la Ciudad de Buenos Aires.

 

El socialismo llenó Metropolitano en Rosario. 
Axel Kicillof y Carlos Bianco, en conferencia en la Casa de Gobierno.

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