BLANQUEO DE CAPITALES Y JUBILACIONES

La venta de las acciones de la Anses, el gran escollo del proyecto del Gobierno

El FPV y el peronismo anunciaron que no apoyarán la liquidación de activos, que propone el Ejecutivo. Tampoco lo harían el progresismo y Massa. La oposición dice que la ley “es una gran ensalada”.

El debate por el proyecto de ley que promueve el blanqueo de capitales y el pago a los jubilados dejó el primer día la certeza de que al Gobierno le resultará muy complicado conseguir el apoyo de la oposición para aprobar la derogación de la ley que impide vender las acciones de la Anses. Tanto el kirchnerismo como el peronismo más ligado a los gobernadores como el Frente Renovador y el socialismo dieron a entender, de distintas formas, que se oponen a la liquidación de activos.

 

El debate comenzó este jueves, en el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, al que asistieron también funcionaros del Poder Ejecutivo para presentar el proyecto y responder las preguntas de los legisladores. Los enviados del Gobierno fueron el secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana; el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso; el titular de la AFIP, Alberto Abad; y el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci.

 

“La propuesta concreta es usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Queremos cuidarlo, con criterios muy profesionales pero entendemos que hay que usarlo para atender los haberes jubilatorios. El destino debe ser el pago de los jubilados”, planteó Quintana, el primero en tomar la palabra, abriendo la puerta al tema que generará mayor debate en la Cámara, del cual el Gobierno tiene pocas chances de salir airoso.

 

El proyecto de ley enviado por el Gobierno contempla distintos temas, divididos en nueve capítulos. El primero declara la “emergencia” en materia previsional y establece un programa mediante el cual se contempla el pago a los jubilados con el reajuste de haberes, de acuerdo a los criterios establecidos por la Justicia. Ese programa, que el Gobierno califica como "reparación histórica", dividide a los jubilados entre quienes ya tienen sentencia firme, aquellos que iniciaron un juicio pero no tienen sentencia, y los que no entablaron acciones legales.

 

De acuerdo a lo planteado este jueves por el director de Anses, Basavilbaso, el dinero para cumplir con el pago a los jubilados se obtendrá de las ganancias que generan las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y del blanqueo de capitales que promueve la misma norma. Sin embargo el propio Quintana dejó en claro la intención del Gobierno de desprenderse de las acciones de la Anses, ya que la norma promueva la derogación de la ley 27.181, que prohibe al Estado nacional la venta de activos de Anses en empresas privadas.

 

Por otra parte, el proyecto establece la “Pensión Universal para el Adulto Mayor”, para aquellos que no tienen aportes suficientes para jubilarse e incorpora la ratificación del acuerdo suscripto entre el Estado nacional y las provincias, por el cual se les devuelve el 15 por ciento de fondos coparticipables que les corresponde. Además, el texto plantea modificaciones al impuesto a los Bienes Personales, Ganancias y Ganancia Mínima Presunta.

 

“Es una verdadera ensalada”, definió una fuente del Frente Renovador. Con Sergio Massa en Francia, por cuestiones laborales, el espacio prefirió no dejar demasiadas certezas sobre cuál será su posición frente a la ley. Sus referentes pidieron “más tiempo para estudiar el proyecto con detenimiento” pero dejaron trascender que “en principio” no están de acuerdo con la venta de las acciones del FGS. “Tal como está planteado, da a entender que lo obtenido de la venta se usaría para gasto corriente. La venta de las acciones no está en nuestro programa”, explicó un referente del massismo. Como durante el debate de la ley antidespidos, el Frente Renovador, por número de diputados, se convertirá en árbitro de la cuestión central del proyecto.  

 

Desde el kirchnerismo la posición quedó clara. “Hay que hacer malabares para entender la conexión entre todos los temas que junta la ley. Separemos esto en cuatro leyes. Es un revuelto gramajo de cosas”, se quejó Axel Kicillof, al tiempo que marcó sus objeciones a las modificaciones al impuesto a los Bienes Personales y criticó la pensión universal por considerar que "crea jubilados de primera y de segunda". Antes, el presidente del PJ, José Luis Gioja, habia planteado la necesidad de que el capitulo referente a la coparticipación ingresada a través del Senado, algo que el oficialismo rechazó. 

 

El martes, el peronismo orgánico había dejado establecida su postura respecto de la ley. “Queremos la continuidad del fondo de sustentabilidad de la Anses”, dijo Gioja tras la reunión del Consejo Nacional, en la que también se decidió apoyar el blanqueo de capitales.

 

“No estamos de acuerdo con que se liquiden los activos del FGS, mucho menos que se vendan las acciones. Queremos pagar los juicios, queremos que los jubilados ganen más. Pero no queremos que se generen falsas expectativas”, planteó Diego Bossio, ex titular de la Anses y miembro del bloque Justicialista. Según explicó Bossio durante su discurso en la comisión, “si no se incorporan cuatro millones de trabajadores al sistema, la seguridad social no se sostiene”. El ex titular del organismo pidió, además, la exclusión de la frase “liquidar activos” del proyecto.

 

El socialismo tampoco estaría dispuesto a apoyar la venta de las acciones ni la eliminación progresiva del impuesto a los Bienes Personales. Respecto del blanqueo, en sintonía con lo pedido por Elisa Carrió, la socialista Alicia Ciciliani pidió excluir del beneficio a funcionarios, gobernadores, legisladores, jueces y sus parientes hasta el primer grado de cosanguinidad.

 

Aunque la mayoría de los opositores celebró el pago a los jubilados y se mostró dispuesto a apoyar ese capítulo del proyecto, dejó en claro que la aprobación del texto no será a libro cerrado. El oficialismo pretende sacar dictamen el próximo martes y mandarlo al recinto el miércoles 15.

 

Nicolás Maduro Guerra.
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