El bloque de diputados porteños del Frente para la Victoria quiere que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se siente en el recinto de la Legislatura para dar explicaciones por la tragedia en la fiesta electrónica “Time Warp”, pero para avanzar con el pedido de interpelación presentado necesita de los bloques de la oposición, con quienes ya comenzó a dialogar.
Cuando el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Matías Álvarez Dorrego, se presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para brindar explicaciones por el evento de Costa Salguero en el que fallecieron cinco jóvenes por consumo de drogas sintéticas y se puso en duda el control estatal, la oposición coincidió en que el informe tuvo “sabor a poco”. Los más enérgicos hablaron de “papelón”, en parte porque el funcionario de extrema confianza del alcalde respondió en base a datos aportados por la empresa que realizó la fiesta, Dell Producciones.
Desde esa tarde del lunes 18 de abril los diputados de la oposición porteña se concentraron en el artículo N°53 de la Constitución de la Ciudad, que permite: requerir la presencia de funcionarios en el recinto; crear comisiones investigadoras y solicitar pedidos de informe al Ejecutivo.
De esos tres mecanismos constitucionales, el PRO sólo avaló el pedido de informes, que constó de 44 preguntas, fue consensuado por todos los bloques políticos del Parlamento y el Gobierno porteño tiene 30 días para responderlo y girarlo al edificio de Perú 160. “Un mes es mucho tiempo. A esta altura (Aníbal) Ibarra ya había venido dos veces a dar explicaciones”, bramaron fuentes del FpV recordando el costado político de la tragedia de Cromagnon.
El diputado Gustavo Vera propuso la formación de una comisión investigadora pero no tuvo respaldo suficiente de la oposición. Lo mismo sucedió con los pedidos de interpelación, donde se evidenció la falta de coordinación entre bancadas. Mientras la izquierda apuntaba al alcalde y al ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, el kirchnerismo pedía la renuncia de Álvarez Dorrego en el Congreso de la Nación, donde los diputados nacionales adelantaron que pedirían la interpelación de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
El pedido de informes que se giró al Ejecutivo congeló la discusión, pero el Frente para la Victoria vuelve a la carga ahora con una interpelación al propio Rodríguez Larreta. El bloque más numeroso de la oposición dejó de lado sus internas para juntar las 12 firmas de sus legisladores y presentar el pedido que busca que el jefe de Gobierno explique: las condiciones requeridas a la empresa que se encargó del evento; los controles de fiscalización de Costa Salguero desde 2012 hasta la actualidad; los controles de seguridad, habilitación y seguridad e higiene realizados en la Time Warp; los procedimientos de prevención del evento; la relación entre el Gobierno y Dell Producciones “en los últimos ocho años”.
Existe un último punto del pedido de interpelación que es una estocada directa al corazón de Larreta: el kirchnerismo reclama un “balance” del desempeño de la AGC y todas las direcciones de control de la Ciudad en los últimos ocho años. Se trata de un ámbito que el alcalde conoce mucho, debido a que la Agencia Gubernamental de Control, plagada de inspectores formados durante los años noventa y ligados a las fuerzas de seguridad, estuvo a su cargo en la Jefatura de Gabinete. Este último punto va de la mano con lo que dictaminó el juez Roberto Andrés Gallardo, quien cree que hay un “modelo de negocios” y una “red de complicidad” que agrupa a inspectores del Gobierno, las fuerzas de seguridad y el sector empresarial.
La interpelación es una herramienta prevista en la Carta Magna porteña que genera escozor en el PRO. El oficialismo siempre buscó contentar los reclamos de la oposición ante tragedias o inconvenientes de la gestión mediante pedidos de informe. Esta postura también es compartida por algunos bloques de la oposición, que creen que la interpelación es “prematura”.
El kirchnerismo se lanzó a exigir la presencia de Larreta en la Legislatura sin el apoyo necesario para que ese trámite parlamentario prospere. Con sus 12 ediles está lejos de los 40 que marca el inciso primero del artículo 53° de la Constitución.
No obstante, el titular de la bancada K, Carlos Alfonso Tomada, confía en que “más temprano que tarde” los bloques de Confianza Pública, el Partido Socialista y SUMA + se plegarán a la interpelación, al menos eso le adelantaron los jefes de esas bancadas. No lo piensa como un regalo de cumpleaños –este jueves festejará sus 68-, sino como un compromiso que estos opositores prefieren mantener en privado.
Graciela Ocaña, Hernán Rossi y Roy Cortina le manifestaron que “es una posibilidad” y que “llegado el momento” acompañarán el proyecto del kirchnerismo. Los radicales recogieron el guante, pero advierten: “La diferencia es una cuestión de tiempos. Ellos están yendo a 150 km/h, el resto vamos a 60”.
Las consecuencias de la tragedia en la fiesta electrónica se libran en dos escenarios distintos: un frente judicial que es harto repetido por los medios televisivos y un frente político, que divide aguas entre los bloques opositores al PRO en la Legislatura porteña.
Lo curioso es que toda la oposición coincide en que el oficialismo decidió encarar una estrategia de comunicación que pone por encima de toda discusión el consumo de drogas y la importancia del diálogo entre padres e hijos. “Quieren desviar el tema. El proyecto de Larreta enviado a la Legislatura muestra eso. No habla de la connivencia, sólo apunta a las empresas que organizan las fiestas”, disparó una diputada kirchnerista.
“El Estado tiene una responsabilidad, pero el problema de fondo son las adicciones”, consideró el jefe de Gobierno esta mañana en declaraciones radiales.
Este punto en común, vaticinan en el kirchnerismo, puede llegar a condicionar al resto de la oposición para “sumarse” al pedido de interpelación, que aún no se decidió si se pedirá en la reunión de labor parlamentaria de este miércoles.