Representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se reunieron con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para acercarle un diagnóstico sobre los Derechos Humanos en la provincia, focalizando en el acceso al hábitat digno y las políticas de salud mental, seguridad y penitenciarias, documento donde se describió a la Policía Bonaerense como “una fuerza violenta, desprofesionalizada y marcada por la corrupción estructural”. Asimismo, se alertó sobre el estado crítico de los hospitales psiquiátricos de Melchor Romero y Open Door.
En lo que refiere al déficit habitacional que se presenta en territorio bonaerense, el organismo bregó en su diagnóstico por “una política de hábitat con enfoque de derechos”, al advertir que “el crecimiento de la provincia, de más de un millón y medio de habitantes cada diez años, demanda el desarrollo de una nueva política urbanística, de vivienda y de gestión del suelo capaz de reducir la informalidad y garantizar la plena implementación de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat”.
“Frente al déficit de vivienda que afecta a un millón de familias, es necesario apoyar procesos de producción social del hábitat y promover la economía social. También, que se faciliten los trámites para la regularización dominial de los asentamientos informales y que se revierta la política tributaria bonaerense que premia la especulación inmobiliaria”, añadieron.
La Bonaerense en la mira. En cuanto a la violencia policial los miembros del CELS plantearon que el sistema de seguridad de la provincia “necesita reformas a partir de consensos y estrategias que no contrapongan seguridad y derechos humanos”.
Bajo este postulado, consignaron: “La Policía Bonaerense es una fuerza violenta, desprofesionalizada y marcada por la corrupción estructural, responsable de gravísimas violaciones a los derechos humanos y de comportamientos mafiosos con fuerte capacidad de desestabilización”.
Entre las medidas específicas se mencionaron: reducción de la violencia letal y adopción de un programa de uso racional de la fuerza; mecanismos de control orientados a investigar los altos índices de corrupción de la bonaerense, su participación en redes de ilegalidad, incluido el narcotráfico y los patrones de violencia institucional; mecanismos que limiten la discrecionalidad policial en las calles y el hostigamiento a los jóvenes de los sectores populares.
Sobre la política criminal y penitenciaria, desde el CELS hicieron hincapié en alertar que “el endurecimiento del discurso de la seguridad y la política criminal de la provincia ocasionaron que el Servicio Penitenciario Bonaerense alcanzara en 2015 la mayor población privada de libertad en su historia. A pesar de las sobradas pruebas del fracaso de la mano dura, el encarcelamiento se tomó como indicador de efectividad y el uso de la prisión preventiva, como medida anti impunidad”.
Así, plantearon: “Es ineludible una reforma profunda del sistema penitenciario y del SPB, caracterizado por la corrupción y la desprofesionalización, con un funcionamiento violento y militarizado. Dentro de las unidades penitenciarias persiste la tortura y la lógica extorsiva de forma estructural, con redes capaces de jaquear la institucionalidad. El Poder Ejecutivo provincial debe garantizar condiciones dignas de detención y dejar de alojar detenidos en comisarías”.
Salud mental. Finalmente, en lo que refiere a los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, el CELS resaltó que “a más de cinco años de sanción de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM), a la que adhirió la provincia, la principal política pública para las personas con padecimiento mental continúa siendo la internación prolongada. De los cuatro hospitales públicos considerados por el Ministerio de Salud bonaerense en emergencia crítica, dos son psiquiátricos: Melchor Romero y Open Door”.
“Es fundamental la sustitución del hospital psiquiátrico por dispositivos insertos en la comunidad y una política de prevención de las muertes en contexto de encierro. Además, se debe formalizar y legitimar el Órgano de Revisión de la LNSM”, puntualizaron.
Vale señalar que la delegación del CELS que se reunió con la mandataria bonaerense estuvo conformada por Gastón Chillier (director Ejecutivo), Paula Litvachky, (directora del área de Justicia y Seguridad) y Diego Morales (director del área de Litigio y Defensa Legal). En tanto, Vidal estuvo acompañada por Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos y Fabián Perechodnik, secretario General de Gobierno.
Tras el encuentro, desde el organismo detallaron que “la gobernadora compartió parte de las preocupaciones planteadas y se comprometió a habilitar canales de diálogo para discutir medidas concretas con funcionarios de su gabinete.
