Creciente malestar

Se amotina el peronismo dialoguista por amenazas de "ajuste brutal" que lanzó el Gobierno

Tras el fallo adverso en EE.UU., Macri y Prat Gay advirtieron que deberían aplicar medidas drásticas de frustrase el acuerdo con los buitres. Hartos, sectores PRO friendly del PJ barajan no sesionar.

 “Si no se aprueba la ley de los holdouts estaríamos forzados a hacer un ajuste fiscal tremendo”. La frase del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, que empieza a crecer como la línea discursiva de presión del Gobierno nacional, despertó el hartazgo de las fuerzas políticas más cercanas que tiene el oficialismo en el Congreso nacional, puntualmente, en varios referentes del peronismo que, dispersos en el Frente Renovador (FR) de Sergio Massa, el bloque Justicialista que conduce Diego Bossio, delegados parlamentarios de gremios integrantes de las dos CGT y varios alineados con los gobiernos de sus provincias, no comulgan con el kirchnerismo. Tal es el malestar, que tendrán al frente Cambiemos bajo amenaza de no prestar quórum en la sesión prevista para este martes en la Cámara de Diputados, donde debería discutirse el proyecto con la oferta y el pago a los holdouts y los fondos buitre.

 

Prat Gay instaló la alarma mientras comía en la mesa de Mirtha Legrand. Pero este domingo por la noche, en una entrevista con Luis Majul, fue el propio presidente, Mauricio Macri, quien advirtió sobre la supuesta inexorabilidad de un ajuste brutal o un escenario de hiperinflación si se frustrase el acuerdo sellado por los negociadores del Ejecutivo en Nueva York con los tenedores de bonos en default.

 

Este lunes habrá una reunión de los jefes de los bloques parlamentarios de la Cámara baja con su presidente, Emilio Monzó. Lo que encendió la alarma fue el fallo de la Cámara de Apelaciones que dejó en suspenso la decisión del juez Thomas Griesa de levantar el bloqueo que pesaba sobre la Argentina para el pago de bonos reestructurados. Por eso el Gobierno enviará a esa cumbre política a sus dos voces autorizadas: el secretario de Finanzas, Luis Caputo, y el abogado Eugenio Bruno, asesor de Prat Gay y de algunos de los bonistas que ingresaron a los canjes de bonos de 2005 y 2010.

 

Tanto el FR como el bloque Justicialista pusieron en duda su participación en la sesión del martes. “El fallo es un problema”, aseguró a Letra P un vocero del bloque massista. “Vamos a escuchar a todas las partes” en la reunión con Monzó “y a la tarde, en reunión de bloque, vamos a decidir qué hacemos”. En la cumbre con Monzó, la principal voz en materia económica del bloque del FR, Marco Lavagna, será el ladero de Massa.

 

Por su parte, el bloque Justicialista directamente pidió la suspensión de la sesión hasta que “se aclaren los alcances del fallo”, explicaron a este medio. El otro que planteó interrogantes sobre su posición frente al proyecto tras conocerse esta decisión de la Justicia estadounidense fue nada menos que el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria (FPV), Miguel Pichetto, virtual líder de los senadores peronistas que pelean en la Cámara alta los porotos de sus gobernadores.

 

En el macrismo confían en que en la reunión prevista para este lunes a la mañana la cosa terminará de aclararse. Un importante diputado de PRO detalló cuál será la versión que llevarán a esa amplia mesa política. “El propio proyecto de ley determina que si no se levantan las cautelares y se habilitan las líneas para pagarles a los bonistas –que entraron a los dos canjes previos- la Argentina no va a pagar un solo dólar de lo acordado. Por eso este fallo, en realidad, es una ´no noticia´”, opinó la fuente consultada.

 

En el artículo 5° del proyecto en discusión, se detalla que “los pagos se efectuarán previo dictado de una orden judicial de los tribunales federales competentes de los Estados Unidos que disponga e implique el levantamiento automático de las órdenes ´pari passu´ (…) y con la condición que alcance a todas las medidas cautelares (“injunctions”) dictadas contra la República Argentina”.

 

Pese a este cuadro de presión ejercido por bloques virtualmente aliados del frente de gobierno Cambiemos, en el macrismo había este domingo un estado de tranquilidad. “Confiamos en que la misma Cámara de Apelaciones ratifique el fallo de Griesa que levantó las cautelares y todo marche bien”, aseguró a Letra P un legislador macrista, “este fallo complicado no es más que un paso previsible en la causa”.

 

INFORME. En el bloque de diputados de PRO tienen desde el viernes el informe emitido por la Procuración del Tesoro de la Nación, requerido tanto por Pichetto como por Bossio, sobre los riesgos de nuevas demandas judiciales de los bonistas que aceptaron fuertes quitas si se completasen los pagos a holdouts y buitres. Y nada de ese texto servirá para sumar nuevas voluntades.

 

En el paper, el procurador Carlos Balbín elude emitir opinión aclarando su incapacidad para pronunciarse sobre decisiones de tribunales de otros países y amparándose en el decreto 749/2002, firmado por el ex presidente Eduardo Duhalde, mediante el cual el Estado argentino se manifiesta representado en el exterior por los abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, por lo que el procurador solo emite informes a pedido del Ejecutivo, como ocurrió en 2005 y 2010, cuando Angelina Abbona se expidió sobre “temas puntuales relativos a la jurisdicción y embargo de bienes”.

 

Lo que sí hace en este informe la Procuración es alinearse con los dictámenes que sí elevaron estos abogados, incorporados al proyecto en discusión en Diputados, en los que dan por expirada la famosa cláusula RUFO y minimiza los riesgos a nuevos juicios. Este es el mayor temor que crece en el bloque de diputados del FPV, liderado por La Cámpora y otros legisladores cristinistas, quienes advierten que el riesgo de acordar en estas condiciones con los buitres abre la puerta a demandas de tenedores de bonos reestructurados por más de 200.000 millones de dólares.

 

Javier Milei con el gobernador Claudio Vidal. 
Axel Kicillof y Maximiliano Pullaro, buena síntonia y cooperación.

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