El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi (FpV), presentó un recurso de amparo para que la Justicia retrotraiga las tarifas de energía eléctrica a los valores previos al aumento instrumentado por el Gobierno nacional.
Según se informó oficialmente mediante un comunicado, el amparo presentado ante el Juzgado Federal N° 3 en lo Contencioso Administrativo, a cargo de Claudia Rodríguez Vidal, reclama “la nulidad absoluta e insanable” de la normativa que regula el denominado “tarifazo”, en la medida que “viola parte de la ley que establece el Régimen de la Energía Eléctrica y desconoce los procedimientos previstos por esta norma para autorizar aumentos tarifarios”.
En ese sentido, solicita “en carácter de urgente” la nulidad por ilegitimidad manifiesta de la Resolución N° 7/2016 del ministerio de Energía y Minería de la Nación, la Resolución N° 1/2016 del Ente Regulador de la Electricidad y de toda otra norma que se dicte como consecuencia de las anteriores.
La medida cautelar solicitada resalta también la figura del usuario del servicio público como “la parte más débil de la relación de consumo”, y considera que “no se han respetado debidamente sus intereses y el derecho a ser informados con anticipación de la tarifa que pagarán”.
Entre los argumentos de la demanda se encuentra el incumplimiento del artículo 46 de la ley 24.065 (que establece el Régimen de la Energía Eléctrica). El mismo determina que al recibir una solicitud de aumento tarifario por parte de las empresas distribuidoras, el ente regulador se encuentra obligado a dar “inmediata difusión pública a la misma por un plazo de treinta días y convocar a una audiencia pública para el siguiente día hábil a fin de determinar si el cambio solicitado se ajusta a las disposiciones de esta ley y al interés público”.
El escrito establece que la actitud del Gobierno de Mauricio Macri es “improcedente, irrazonable y arbitraria”, al fundamentar la omisión de la audiencia pública en un acta acuerdo de renegociación contractual suscripta en el año 2006, que de todas formas no contemplaba aumentos en categorías residenciales.
A tal respecto, el municipio establece que la postura del Ministerio de Energía, “no puede aplicar lisa y llanamente directivas acordadas hace diez años, como si las condiciones no hubiesen variado”.
Asimismo el pedido invoca que “los generalizados incrementos en las facturaciones de los servicios públicos a los que se somete a la ciudadanía, su magnitud e imprevisibilidad vulneran los derechos consagrados en el Art. 42° de la Constitución Nacional”, que contempla que consumidores y usuarios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de sus intereses económicos, a una información adecuada y veraz, y a condiciones de trato equitativo y digno”.