Asediado por el “insistente” y “vehemente” lobby de las cámaras empresarias del sector, el bloque de diputados PRO de la Legislatura porteña retiró del temario de la sesión especial de este miércoles el proyecto de ley diseñado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para triplicar la zona de prohibición de circulación de automóviles en el centro, que puse en estado de alerta a los dueños de garajes privados y los empleados que ahí trabajan, cuyos empleos entrarían en riesgo si el texto se aprueba.
La iniciativa, denominada Área Ambiental Buenos Aires Centro, indica que entre las 9 y las 18 estará prohibida la circulación de autos particulares por un radio de 315 cuadras y en una nueva zona delimitada por las avenidas Independencia, 9 de Julio, Santa Fe y Leandro N. Alem-Paseo Colón, a la cual se le agrega un anexo de Tribunales delimitado por Montevideo, entre Córdoba y Avenida Rivadavia, según consignó la agencia Télam.
El objetivo es “desalentar el uso del vehículo y fomentar el transporte público y alternativos como la bicicleta”, además de la posibilidad de incrementar el número de arterias peatonales por esas zonas. Sucede que esa reducción de circulación impactaría en la cantidad de particulares que se dirigen hacia el centro y dejan su automotor en un garaje privado. En rigor, los particulares pueden tramitar un permiso ante el Gobierno porteño que tendría un costo, ya que solamente ingresarán sin problema los autos oficiales, de las fuerzas de seguridad y los servicios de salud.
El objetivo del gobierno de la Ciudad era comenzar con las obras de peatonalización el año próximo, pero los garajistas, enrolados en el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicios, Garages y Playas de Estacionamiento (S.O.E.S.G.yP.E), marcharon una y otra vez a la Legislatura porteña para voltear la ley. Además, las cámaras empresarias del sector intentaron constantemente entablar diálogo con el oficialismo y la oposición para introducir modificaciones.
Esta mañana marcharon a la Legislatura para repudiar el texto y los empresarios lograron ingresar al Salón Eva Perón, donde encararon una vehemente negociación con los ediles Cristina García (PRO) y Claudio Palmeyro (Sindical Peronista). De movida, exigieron que se estire el plazo estipulado por la Ciudad para comenzar las obras de peatonalización y los diputados avalaron la propuesta, al igual que el secretario de Transporte, Juan José Méndez, que también siguió la negociación desde el Parlamento. En paralelo, el bloque PRO buscaba apoyo en la oposición para aprobar una ley que necesitaba 40 votos para habilitarse y luego mayoría simple para sancionarla, aunque el oficialismo quería sobrepasar ese límite para “sacar la ley más consensuada posible”.
Una vez cerrado ese cambio, los garajistas se engolosinaron y comenzaron a pedir nuevas modificaciones. La negociación se empantanó y el PRO decidió postergar el debate para el jueves 15 de diciembre, tal cual sucedió con el convenio de traspaso del juego de la Nación a la Ciudad.
La iniciativa se pondrá a discusión en la última sesión ordinaria y el oficialismo ya cuenta con los votos para aprobarla. A diferencia de este miércoles, el PRO no necesitará de 40 votos porque el expediente no ingresará como tabla, sino que llegará con los pasos parlamentarios acordes.
