El sucesor de Falbo

El Cels atacará el costado más conservador del candidato de Vidal a la Procuración

En la audiencia de este martes, el organismo de DD.HH preguntará por las posturas de Conte Grand sobre aborto no punible, identidad de género, desalojos, matrimonio igualitario, entre otros temas.

En el marco del proceso de nombramiento del sucesor de María del Carmen Falbo en la Procuración General bonaerense, este martes se presenta en la Legislatura el candidato del gobierno de María Eugenia Vidal para ese cargo: el actual secretario de Legal y Técnica provincial, Julio Conte Grand. En ese marco, se dará una entrevista pública en la que participará el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), organismo defensor de los Derechos Humanos que preparó una batería de preguntas tendientes a abordar el perfil más conservador del aspirante al Ministerio Público Fiscal.

 

Vale recordar que, tal como lo señaló Letra P, Conte Grand es un reconocido numerario del Opus Dei, la orden religiosa ultra conservadora que cuenta con varios "tapados" dentro del gabinete bonaerense.

 

Con interrogantes focalizados en “cuestiones institucionales de relevancia” que, según la entidad, servirán “para el mejor análisis del pliego en cuestión”, el Cels sugirió explorar el actual posicionamiento de Conte Grand en temas como el Derecho de Acceso al Aborto No Punible, el matrimonio igualitario, la Ley de Identidad de Género, la políticas de reconocimiento e inclusión del colectivo LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Transexuales, Travestis e Intersex), desalojos y violaciones a los derechos humanos.

 

En todos estos temas, el Cels recordó la postura y declaraciones del candidato a jefe de los fiscales bonaerenses en tiempos donde cumplía ese cargo pero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

 

ABORTO NO PUNIBLE. En este punto, el Centro de Estudios Legales y Sociales remarca a Conte Grand que "eventualmente en su rol de procurador de la PBA, usted deberá intervenir en casos de judicialización del acceso al aborto no punible y los protocolos de atención".

 

Ante eso, el organismo recordó que, como Procurador de CABA, el postulante señaló que, en el ordenamiento jurídico, “no existe un derecho de acceder al aborto no punible”. Por tanto, se le pregunta: “¿Sigue manteniendo esa posición? ¿Existe un derecho de acceder al aborto no punible en los términos definidos por la Corte Suprema?”

 

También, se le menciona el episodio registrado en octubre de este año, cuando se disparó un foco de tensión entre el hoy secretario de Legal y Técnica y la ministra de Salud, Zulma Ortíz, por la resolución que ésta última firmó adhiriendo al Protocolo para la Atención de Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, algo sobre lo cual Vidal hizo marcha atrás.

 

“¿Qué política criminal e institucional asumirá frente casos de abortos u otras emergencias obstétricas en que la investigación se origine de una denuncia de profesionales de la salud en violación de la garantía de confidencialidad?”, interroga el Cels tras citar el caso María Magdalena, una mujer acusada por aborto fue sobreseída en 2015 por la violación de la garantía de confidencialidad, por cuanto la investigación comenzó con la denuncia de los profesionales de salud que la atendieron cuando concurrió al hospital para salvar su vida.

 

COLECTIVO LGTBI. Sobre este punto, el Cels recordó que Conte Grand, en su artículo “La transformación del orden público”, difundido en diciembre de 2009 mientras se discutía en Argentina de ley de matrimonio igualitario, advertía respecto de “los riesgos de la transformación, sin norte visible, de la institución del matrimonio y, por ende, de la familia, núcleo impostergable de la sociedad”. Señaló también que “se está produciendo un grave desvío de los principios del orden público de naturaleza inmutable, cuyas consecuencias para el tejido social y la convivencia no han sido calibradas”.

 

Bajo este antecedente, el organismo pregunta al postúlante: “¿Cuáles son los riesgos que instituciones como el matrimonio igualitario, la adopción por parejas del mismo sexo y la ley de identidad de género, entrañan para la familia y la sociedad argentina? ¿Cuáles son esos “principios del orden público de naturaleza inmutable”, y cómo se estarían desviando? ¿Cómo se traducirán estas posiciones en políticas del Ministerio Público Fiscal?”

 

DESALOJOS. Aquí, y tras subrayar el déficit habitacional que se percibe en varios puntos de la provincia, el Cels le señaló a Conte Grand que el Comité DESC de Naciones Unidas –y otros organismos de DDHH- ha señalado que los desalojos no deben realizarse de noche o cuando haga mal tiempo.

 

No obstante, le recordó que el operativo que desalojó, con policías armados y topadoras, el barrio Papa Francisco en agosto de 2014, “fue de madrugada y usted declaró a la prensa que “las circunstancias han demostrado que la madrugada fue un buen momento" para efectuar el desalojo

 

Ante esto, se interrogó: “¿Qué directivas tendrá el Ministerio Público frente a casos de toma de terrenos? ¿De qué forma actuará el Ministerio Público en el caso de desalojos, para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos?”

 

DD.HH Y POLICÍA JUDICIAL. Asimismo, dentro de la batería de preguntas enviadas por la directora del área Justicia y Seguridad del Cels, Paula Litvachky, a Conte Grand se lo aborda por las políticas institucionales que propone para resolver “los graves problemas de impunidad que se registran en la provincia” y “qué estrategias le parece que podrían impulsarse desde el Ministerio Público Fiscal para incrementar la eficiencia en la investigación de graves violaciones de derechos humanos como muertes y torturas de personas privadas de libertad, ejecuciones policiales o desapariciones forzadas en las que se presume participación policía”.

 

También se pregunta acerca de las políticas institucionales que Conte Grand propone para la puesta en marcha de la demorada Policía Judicial. En tanto, el cuestionario cierra focalizando en “políticas de seguridad y demagogia punitiva”: “¿Qué opinión tiene sobre las políticas de endurecimiento de la ley penal, como el aumento de penas, la restricción de las excarcelaciones o de las libertades anticipadas, para responder a las demandas de seguridad ciudadana? ¿Qué política institucional propone impulsar respecto de los jóvenes en los que se concentran las detenciones policiales? ¿Cuáles serán las medidas que impulsará para la implementación de las medidas dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio?”

 

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