El gobierno de María Eugenia Vidal formalizó este lunes las contradicciones y pujas existentes dentro del gabinete bonaerense respecto a la adhesión de la Provincia al protocolo nacional de aborto no punible. Sucede que el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la resolución de la ministra de Salud, Zulma Ortíz, en la que, con fecha 12 de octubre, se acompañaba la reglamentación para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, elaborado por la cartera de salud nacional en abril de 2015. Sin embargo, debajo de la misma, se divulgó otra resolución, con fecha 25 de octubre, dejando “sin efecto” la adhesión en cuestión, la cual había suscitado malestar eclesiástico transmitido por sus emisarios en la gestión vidalista.
Para fundamentar la contramarcha, se afirmó que una adhesión de este tenor “exige la intervención y opinión fundada de distintas áreas de la Administración provincial que tienen competencia en las materias comprometidas”.
Tal como señaló Letra P días atrás, diversas voces coincidían en marcar al secretario de Legal y Técnica de Gobernación, Julio Conte Grand, al que ligan con el Opus Dei, como el funcionario que opuso mayor resistencia a la resolución de Ortiz, y uno de los principales artífices del freno a esta adhesión.
Más tarde, la mandataria bonaerense rompió su silencio sobre este tema al confirmar que la Provincia no se adherirá al Protocolo Nacional de Aborto no punible porque el Estado bonaerense "ya tiene un protocolo" que, aseveró, sigue los parámetros establecidos por la Corte Suprema para el tema.
No obstante, y siguiendo los mecanismos administrativos, la resolución N° 02.095 de adhesión firmada por Ortíz fue publicada este lunes en el Boletín Oficial aunque, inmediatamente debajo, apareció la resolución N° 02.233 que deja sin efecto lo anterior.
LOS ARGUMENTOS OFICIALES. Para ello, se argumentó que “se ha advertido con posterioridad al dictado de la citada Resolución Ministerial N° 02.095 de fecha 12 de octubre de 2016, que no le fue dada debida intervención previa en el Expediente del Visto a las distintas áreas de la Administración con competencia en la materia” y que “la implementación de un Protocolo para la atención integral de los casos habilitados legalmente para la interrupción del embarazo, a los fines de su adecuada motivación, exige la intervención y opinión fundada de distintas áreas de la Administración provincial que tienen competencia en las materias comprometidas”
“Dichas intervenciones y los consecuentes informes son condición esencial para la definición de los términos, contenido y alcance del citado Protocolo”, se puntualizó para justificar la revocatoria.
LOBBY ECLESIÁSTICO. Vale recordar que, cuando la Nación actualizó la normativa sobre la interrupción legal del embarazo, en junio de 2015, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina apuró un comunicado donde dejó sentada su posición. “Con sorpresa constatamos que, en lugar de procurar caminos de encuentro para salvar la vida de la madre y su hijo, y de buscar opciones verdaderamente terapéuticas y alternativas, las autoridades obligan a impulsar el aborto”, subrayó.
Un año más tarde, el malestar de la Iglesia Católica no se tradujo en una manifestación pública, sino que habría transitado carriles más discretos pero no por ello menos influyentes. Finalmente, esas acciones en detrimento de la adhesión rindieron sus frutos para los emisarios del clero en el gabinete bonaerense.