El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, envió a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto que busca reformar la histórica ley de Acceso a la Información Pública para que los ministros y secretarios del gabinete blanqueen públicamente y en las páginas oficiales de sus dependencias toda la información correspondiente a declaraciones juradas, gastos y contratos.
A principios de octubre Letra P reveló que el Gobierno porteño trabajaba en una iniciativa para modificar la Ley Nº104 (Acceso a la Información Pública) para “transparentar” la gestión y “aumentar el compromiso” de los ministros del gabinete con el esclarecimiento de los datos y números del Estado capitalino. El expediente ingresó este martes al Parlamento porteño y podría aprobarse a fin de año. Aprobada en 1998, esa iniciativa es considerada “histórica” por ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires uno de los distritos pioneros en encarar una política de acceso a la información y datos abiertos. Debido a que se trata de una normativa cargada de contenido simbólico, el larretismo prefirió modificar algunos puntos particulares antes que fomentar una nueva legislación que obligaría a cambiar el número de registro de la normativa y se dejaría de llamar "ley 104". Lo mismo sucedería, por ejemplo, con la "ley 7", el cuerpo normativo que organiza el Poder Judicial porteño, también desde 1998.
En los pasillos de la Jefatura porteña, la presentan como una herramienta para “acercar posiciones” con la Coalición Cívica y SUMA +, el bloque de ediles que responde a la Unión Cívica Radical y al embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau.
De acuerdo al texto elaborado, el total del gabinete, los funcionarios del Poder Judicial, los diputados porteños, los comuneros y los miembros de los organismos autónomos de la Ciudad y sociedades de Estado deberán publicar desde declaraciones juradas hasta contratos, licitaciones y adquisiciones de bienes.
El trabajo quedó en manos del Ministerio de Gobierno, que conduce Bruno Screnci Silva, quien recibió el “pedido” del alcalde a poco tiempo de tomar las riendas del edificio de Uspallata 3160 tras ocho años de gestión de Mauricio Macri. Rodríguez Larreta pidió “agilizar” y “motivar” la presentación de información pública para que esté al alcance de vecinos, entidades de bien público, ONG’s, medios de comunicación, entre otros.
Bajo esa lógica, explican en la gobernación porteña, la idea es que los funcionarios aporten información sobre contratos, licitaciones, obras, proyectos de manera constante. El objetivo, enmarcado bajo el proyecto Transparencia Activa, es mostrar a los funcionarios, especialmente a los ministros, como hombres y mujeres “proactivos” a la hora de dar a conocer información pública sobre el manejo de su área.
El expediente apunta a la agilización del proceso de recepción, procesamiento y respuesta en los pedidos (de ciudadanos) de acceso a la información, que en el último año superó los 1400. Según cifras del gobierno, aumentó la cantidad de pedidos “respondidos en término”: se pasó del 24% en 2011 a casi el 37% en 2015. El “conflicto” a resolver, explican fuentes gubernamentales, es el bajo nivel de trámites online. Menos del 30% de los pedidos que recibe la Ciudad se generan por vía electrónica y ninguno es contestado por esa vía.