Desde que llegó a la empresa, Zeidán logró lo que ningún interventor había conseguido: unió a todos los sectores organizados de trabajadores y ex trabajadores de la mina. Primero les propuso un “acuerdo político, social y gremial” para “cambiar conductas y procedimientos” que permitieran “tener una verdadera mina de carbón”. Traducido, esto era quitarles el pago de la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE) y los pasajes por vacaciones y negociar deudas. La respuesta de los cuatro gremios de la mina (ATE, Luz y Fuerza, La Fraternidad y la Asociación Personal Superior, Profesionales y Técnicos de YCF) fue unánime y Zeidán denunció los convenios colectivos de trabajo para renegociar todos los reconocimientos obtenidos por los trabajadores a lo largo de 30 años. Por eso, también se sumó la preocupación de los jubilados de la mina.
En medio de ese clima, la diputada provincial Roxana Reyes, también del riñón de Costa, agitó sobre los presuntos 400 ñoquis de la agrupación kirchnerista, que le costarían unos dos millones de pesos al año a la firma. “Hay un grupo al que no le interesa la empresa y casualmente son afiliados de La Cámpora que quieren mantener los privilegios de dos millones de pesos de ingresos anualizados, que no trabajan y no pagan ganancias y que tienen siete pasajes ida y vuelta (pagos por vacaciones)”. Letra P pidió precisiones acerca de quiénes son los kirchneristas que cobran y no trabajan en YCRT, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.
La diputada también señaló que el interventor de YCRT denunció que había un 20% de sobreprecios en obras tercerizadas, algunos de ellos vinculados a investigaciones judiciales contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido que parecen haber quedado paralizadas.
La denuncia del trio de Cambiemos Costa, Zeidán y Reyes fue rechazada por los trabajadores de la mina, que se sintieron agraviados porque entendieron que, detrás del golpe contra la agrupación kirchnerista, se esconde no sólo la intención de flexibilizar las condiciones laborales de los trabajadores de la mina. “Es falso que en YCRT cobremos esos haberes; los que cobran esos salarios son los 13 subgerentes, gerentes y demás asesores del Interventor; es este gobierno el que ha aumentado su cantidad. Eso, a pesar de nuestro enfático rechazo”, señalaron.
EL MODELO. El objetivo del interventor parece ir más allá. Y un operador de Cambiemos se lo explica así, sin tecnicismos, a Letra P: “Estamos produciendo a un costo diez veces por encima del precio internacional. Lo que nos cuesta producirlo a 10 podríamos comprarlo a 1. Con esa diferencia en los precios, es obvio que hay gente en la empresa que se rasca las bolas”. Desde mayo, el Frente para la Victoria de Santa Cruz sospecha que el Gobierno nacional pretende importar carbón de Chile para hacer funcionar la usina.
Pero la “difícil situación” que encontró Zeidán en YCRT no lo privó de nombrar a familiares o allegados para pagar favores políticos con cargos directivos de la empresa intervenida por el Estado.
Según las resoluciones firmadas por el interventor, a las que accedió este portal, a partir del 28 de enero de este año Zeidán designó como coordinador general a Sergio Ramón Lumachi, quien, a su vez, puso a su hermano, Víctor Alejandro Lumachi, como jefe de la División de Compras. Al igual que Zeidán, Lumachi es un radical de Río Turbio del riñón de Costa. Desde ese puesto, sigue de cerca el “rediseño del Manual de Recursos Humanos” en la empresa para “delimitar actividades, tareas, responsabilidades y evitando la duplicidad de trabajos y esfuerzos”. El puesto del hermano es considerado “estratégico” por el manejo de la caja.
Costa ubicó como subgerente de Ferrocarril y Puerto a Miguel Ángel López, un primo de Rudy Ulloa, el reconocido ex chofer de Néstor Kirchner, hoy devenido empresario y militante de una agrupación de peronistas históricos de Río Gallegos. Sin embargo, el nuevo subgerente de YCRT se paró en las antípodas partidarias de su pariente dueño del café literario NK Ateneo (una suerte de Hard Rock Café nestorista) y sólo comparte con su primo un antiguo oficio a cargo del volante. López fue el chofer de Costa cuando al diputado nacional recién le comenzaban a picar sus aspiraciones en la política. Desde entonces, acompaña a Costa como secretario de máxima confianza y asesor de campaña, por lo que sospechan que fue colocado para seguir bien de cerca los movimientos del propio Zeidán.
Para sentarse a conversar con los sindicatos, Costa y Zeidán pusieron a Alicia Inés Álvarez, quien encabezó la lista de diputados provinciales por el municipio de Río Turbio y sacó más votos que su compañero de boleta en el sublema, Zeidán, y que el propio intendente peronista que salió electo, Atanacio Pérez Osuna. Alicia Álvarez ingresó a trabajar en el Concejo Deliberante de Río Turbio en 1985 y 20 años después, sin experiencia previa en el gremialismo, asumió como secretaria general del Sindicato de Obreros y Trabajadores Municipales. Ahora, de la mano de Costa, fue nombrada subgerente de Relaciones Gremiales de YCRT. En Santa Cruz, es conocida la sintonía entre el dueño del Hiper Tehuelche y los sindicatos estatales, incluso con los que dirigen agrupaciones de la izquierda ortodoxa.
El diputado nacional designó, además, al arquitecto Marcelo Alejandro Álvarez como jefe de Departamento de Obras. “Este Álvarez es un primo de Eduardo Costa”, aseguró una fuente de Río Turbio. “Y es hijo de otro directivo de la empresa”, añadió.
Postergado en el reparto de cargos, el CEO de Cerro Vanguardia S.A., Jorge Ricardo Palmés, fue nombrado por Zeidán en la planta permanente de la empresa para cumplir la función de gerente técnico. Así se desprende de la resolución “A” I – YCRT N° 36/16, a la que también accedió Letra P. Palmés es un ingeniero con vastísima experiencia en minería y en la cartera de Aranguren era el candidato a ocupar la gerencia general de YCRT, que terminó siendo de Zeidán gracias a Costa.
ÑOQUIS CRUZADOS. “Los dos millones de pesos que ganan los ñoquis son ellos. Acá hay unas 20 designaciones escandalosas”, contraatacó el jefe del bloque de Diputados provinciales del FPV-PJ, Matías Mazú, en medio de una sesión durante un cruce verbal con la diputada Reyes que se generó luego de que los sindicatos de YCRT le pidieran a la legisladora que se disculpase por tildar de ñoquis a los trabajadores.
“Estamos hablando de sueldos de 100.000, 170.000, 200.000 pesos. Cargos que no existían y se crearon con sueldos de 170 lucas, como la subgerencia de Relaciones Gremiales, fue un pago político para quien fue candidata a diputada por Cambiemos. Tomaron la empresa como un botín de guerra. Están nombrando gente que ni siquiera está en Río Turbio y esos son los ñoquis que se llevan más de dos millones de pesos mensuales y fueron designados por el interventor Zeidán”, denunció el diputado y ex intendente de Río Turbio.
FUEGO FAMILIAR. Pero no fue el kirchnerismo el primero en criticar las designaciones de Costa en YCRT. Hasta el hermano del interventor, el concejal Samir Zeidán, cuestionó que el diputado nacional haya puesto al coordinador general de la empresa estatal, Sergio Lumachi. “No comparto que haya venido una persona de Cerro Vanguardia, impuesta por Costa, para que trabaje en el yacimiento. Yo criticaba cuando la empresa parecía una unidad básica, pero él ha nombrado secretarios suyos de Río Gallegos. El diputado tomó una actitud para beneficiar políticamente a algunos compañeros suyos sin tomar la empresa con seriedad”, declaró Samir Zeidán.
De Lumachi dijo que “apenas ingresó a YCRT, nombró a su hermano como jefe de Compras y a otro familiar en Buenos Aires para que maneje las compras del yacimiento. Entiendo que, para llegar a YCRT, hay que priorizar la inversión y a los mineros y no el aspecto personal. Darles cargos a hijos o a nueras no es la manera", dijo el propio hermano del interventor, metido en una interna del radicalismo local.
EL FANTASMA DE LA PRIVATIZACIÓN
Para el nuevo interventor de Yacimiento Carboníferos, antes de inyectar más fondos en la mina, hay que revisar todo el esquema de costos y analizar cuál es el valor de la producción posible. Pero los trabajadores aseguran que la reducción presupuestaria esconde el objetivo de privatizar la generación de energía.
Para el año próximo, el presupuesto tuvo un recorte de 2.000 millones de pesos y los 4.200 millones que se pretenden otorgar alcanzan casi en un 90% para pagar sueldos. “Sería prácticamente imposible utilizar dinero para adquirir insumos e inversiones para garantizar el funcionamiento de la Central Termoeléctrica de 240 MW”, explicaron los delegados de la mina. Y afirmaron que la Intervención pretende introducir el concepto de productividad aunque no cumple con su tarea de asegurar las compras necesarias para alcanzarlo.
Por eso, el último martes, cientos de mineros de los cuatro gremios de YCRT viajaron dos días hasta la ciudad de Buenos Aires para reclamarle al Gobierno Nacional y al poder legislativo que se revise el presupuesto para la actividad carbonífera para el año 2017.
Yacimientos Carboníferos de Río Turbio es la única mina subterránea operada por el Estado que cumple un rol social. Reviste importancia en materia de ocupación geopolítica y es fundamental en el aporte a la matriz energética nacional.
Cerca de 40 mil personas viven del trabajo directo e indirecto generado por YCRT. Tres localidades del sudoeste de la provincia de Santa Cruz dependen de esta actividad en un clima hostil, donde es muy difícil desarrollar otro tipo de emprendimiento productivo. “Con la construcción de la central termoeléctrica de 240 MW, el carbón allí generado se ha revalorizado. El desarrollo del proyecto implica un cambio de paradigma en el sistema productivo, donde el carbón ya no se extrae para la mera comercialización, sino que pasa a ser materia prima para la generación de energía eléctrica”, explicaron fuentes de ATE.
“Peleamos porque este gobierno pegó un hachazo presupuestario de 2.000 millones de pesos que impide inversiones fundamentales. Porque también ha tenido ideas el ministro Aranguren de traer carbón de Chile o traer gas y usar la usina a gas, pero nosotros defendemos el proyecto que ha sido aprobado en el Congreso del Carbón hace diez años y que estos mineros vienen reclamando por una cuenca carbonífera hace 30 años, por una empresa que integra las dos fases productivas, de producir carbón y que luego ese carbón sirva para producir energía”, explicó el secretario gremial de la Federación de Trabajadores de Energía (FeTERA-CTA), Rodolfo Kempf.
