“Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo.” El texto es el primer párrafo del artículo 265 del Código Penal. Y determina las penas previstas y el alcance del delito de “Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, el que, según la diputada nacional Elisa Carrió, autora intelectual y fundadora del frente gobernante que comparte con el presidente Mauricio Macri, cometieron tres altos funcionarios del Ministerio de Energía designados por el titular de esa cartera, Juan José Aranguren.
Se trata de más fuego amigo sobre el gobierno de Cambiemos. Y se trata, además, de la segunda ofensiva de Carrió, la cada vez más incómoda aliada de la Casa Rosada –acaso se ponga más y más incómoda a medida que el calendario se vaya metiendo en un año electoral en el que la jefa de la Coalición Cívica intentará quedarse con la primera candidatura a senadora por la provincia de Buenos Aires- sobre ese Ministerio. En junio, había cuestionado públicamente a Aranguren por conducir la política hidrocarburífera siendo, al mismo tiempo, accionista de Shell Argentina. El padre de los tarifazos había terminado vendiendo esos papeles en medio de una fuerte controversia por la que había tenido que dar cuentas en el Congreso nacional.
La denuncia de Carrió alcanzó al secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda; al subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik, y al director nacional de Gas Licuado de Petróleo, Luis Barile, según el escrito presentado en la Cámara Federal, al que accedió Letra P (ver documento en esta nota).
Carrió pide que se investigue –deberá hacerlo el juez federal Claudio Bonadío, que resultó sorteado, si considerase que hay elementos suficientes para impulsar una pesquisa- si los funcionarios cometieron el delito que se les imputa en virtud de haber sido altos ejecutivos de las petroleras Esso, Pan American Energy y Bridas, entre otras.
Concretamente, la legisladora pide que se investigue “si los nombrados, en el ejercicio de sus funciones pudieron haber intervenido sea mediante la suscripción de resoluciones y/o mediante gestiones y/o habiéndose interesado en operaciones vinculadas a empresas de los que fueron parte, hasta antes de asumir la función pública; afectando la “imparcialidad” y “fidelidad” en el desempeño de sus funciones, entendiendo esto como un desempeño libre de cualquier sospecha de parcialidad”.
