“Los policías ya no harán tareas administrativas. Se liberará una importante cantidad de agentes para que vuelvan a custodiar la calle, a integrarse a los barrios y sus realidades”, destacó y afirmó que para investigar las denuncias de posibles irregularidades “va a existir una Oficina de Transparencia formada por gente civil, idónea, que llevará a cabo las investigaciones correspondientes”.
“Es una ley estratégica. La responsabilidad de la seguridad queda ahora en la propia ciudad. Los socialistas hemos aportado el capítulo destinado a regular el mapa del delito en la ciudad. Es un instrumento central de gestión que permite conocer estadísticas criminales, frecuencia de hechos delictivos, ubicándolos en los lugares donde ocurrieron. Esto facilita la decisión respecto de donde ubicar mejor los recursos de las fuerzas de seguridad, priorizando donde más se lo necesita. A su vez, conociendo la geografía de los problemas, se puede intervenir en la prevención. Con un enfoque comunitario, de diálogo social”, fundamentó el jefe del Partido Socialista, Roy Cortina.
A su vez, ponderó que en la norma aprobada se haya incorporado un pedido suyo acerca de la creación de un Mapa del Delito. “Es un instrumento fundamental para conocer cómo impactan las actividades criminales en los distintos barrios porteños y avanzar en el diseño de políticas públicas de seguridad que sean eficaces”, sostuvo y resaltó que “los argentinos vivimos años de ocultamiento estadístico con el kirchnerismo y sufrimos en carne propia las terribles consecuencias de negar los problemas en vez de generar propuestas para superarlos”.
Durante su intervención en el recinto, la jefa del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, destacó la “gran trascendencia institucional” de la ley y consideró que representa “un paso más en la consolidación de la autonomía de la Ciudad” e implica cumplir con “nuestra Constitución local que establece que 'el servicio de seguridad pública estará a cargo del Poder Ejecutivo’”.
Por otra parte, cuestionó el punto referido a la Policía Científica dentro de la nueva Policía porque “ya existe un Cuerpo de Investigaciones que depende del Poder Judicial” y manifestó su desacuerdo con respecto a “la eliminación de la prohibición de realizar servicios adicionales, uno de los puntos centrales de la Ley de Seguridad Pública sancionada en 2008”.
“Queremos mantener el concepto -que la democracia argentina incorporó- de que la protesta social forma parte de los derechos que tienen todos los ciudadanos y que debe ser tomado como una gestión política integral y no como un simple problema policial”, destacó el diputado Gabriel Fuks. Además, insistió en la necesidad que “los niños y niñas en conflicto con la ley penal deben ser atendidos de manera diferenciada, donde no se vulneren sus derechos”.
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que la aprobación de la ley marca un “momento histórico” y explicó que “tuvo que ver con una decisión estratégica y política de la cual el Gobierno Nacional y el Presidente de la nación elaboró para que se cumpla de una vez por todas uno de los pasos pendientes que tenía la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires”.
“Este traspaso no es concesión graciosa del gobierno Federal sino que es un derecho y un deber de nuestra ciudad de tener una propia ley de seguridad, una propia policía, sin doble comando -como veníamos conviviendo entre policía metropolitana y policía federal-, con la transferencia de fondos correspondientes para que la ciudad a través de los recursos públicos pueda afrontar que la policía funcione y se garantice el derecho a la seguridad”, advirtió.
“Tuvimos la oportunidad de debatir esta Ley y es la mejor ley posible que podemos tener en materia de seguridad y policía, en algunos aspectos es una ley de avanzada porque pudimos incorporar muchos aspectos de ampliación de derechos e igualdad de oportunidades para el trabajadores de la fuerza de seguridad, como también establecer un marco de transparencia y acceso a la información que permite un verdadero control público sobre la gestión de la seguridad”, resaltó Ferraro.
“La iniciativa aborda aspectos importantísimos y transformadores como los son la participación vecinal, la confección de un mapa del delito, la creación de una Oficina de Transparencia en manos de civiles y la posibilidad de que la máxima autoridad policial sea también un civil”, consideró su compañera de bloque, Paula Oliveto.
“Cuando sancionamos leyes nunca debemos dejar de lado que el único fin de las mismas es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En este caso se trata de un aspecto tan fundamental como la seguridad con todo lo que ella implica, porque sin un plan orgánico y sólido nos arriesgamos al avance del narcotráfico, la trata de personas, los delitos menores, la violencia y la corrupción”, agregó.
En tanto, el diputado del PRO y presidente de la Comisión de Seguridad, Juan Pablo Arenaza, consideró que la ley “es fundacional”. “Hasta ahora el jefe de Gobierno tenía las manos atadas, ahora va a poder decidir sobre la cuestiones públicas en materia de seguridad. De este modo seguimos completando el proceso de autonomía”, indicó.
Arenaza se puso al hombro la negociación de la ley de la nueva Policía junto a su par y titular de la Comisión de Justicia, Daniel Presti, quien marcó que “trabajamos considerablemente para que esta ley tenga como finalidad asegurar a nuestros vecinos de la Ciudad instituciones confiables, profesionales y con una responsabilidad continua en pos de la seguridad pública”.
En su intervención, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Carlos Tomada, remarcó “la necesidad de hacer respetar el espíritu de la ley en su implementación” y aseguró que desde el FPV “estaremos atentos en el control, velando por su estricto cumplimiento”.
“Si bien la ley no es ideal, es la ley posible en el marco de los acuerdos parlamentarios entre el oficialismo y los distintos sectores de la oposición. Su principal fortaleza está en que viene a reducir el margen de discrecionalidad, tanto del accionar policial como de la decisión política que lo valida”, señaló Tomada.
La legisladora del bloque SUMA + Natalia Fidel sostuvo que “a partir de ahora, el Poder Ejecutivo deberá hacerse cargo de la cuestión de la inseguridad sin poder buscar a otros culpables y sin poder responsabilizar a las autoridades de otras jurisdicciones por lo que ocurra en materia de seguridad pública en nuestra Ciudad”.
En ese sentido destacó el aporte del interbloque a la nueva medida: “Desde ECO trajimos a colación algunas iniciativas que habían sido presentadas originalmente en la campaña del año pasado por nuestro candidato a Jefe de Gobierno, Martín Lousteau. Nuestro objetivo de máxima consistía en crear y regular dentro de esta ley un Sistema de Descentralización de Denuncias y un Sistema de Información y Estadística Criminal”.
“Voté abstención en general y negativo en ciertos artículos. El texto fue entregado, con muchas modificaciones, a minutos de iniciarse la sesión. Es imposible decidir sobre un tema tan importante sin tiempo para evaluar el contenido de los 522 artículos de la norma”, se quejó el legislador del Partido Socialista Auténtico Adrián Camps.
El legislador porteño denunció que algunos artículos votados violan derechos consagrados en la Constitución de la Ciudad. El Art. 258 de la Ley prohibe al personal civil que trabaja en la policía cualquier participación política o sindical; esto está en contradicción con el Art. 11 de nuestra Constitución que dice: "... la Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad"
“Advertí a los Legisladores sobre estas graves fallas pero el oficialismo y sus aliados no aceptaron modificar el texto e impusieron su mayoría . La justicia tendrá la última palabra”, explicó Camps.
“Con respecto al artículo 256, que prohíbe expresamente la participación gremial del personal civil sin estado policial quiero decir que desde UPCN, organización a la que pertenezco, creemos que los trabajadores civiles de esta nueva fuerza que estamos creando hoy, tienen el derecho a poder sindicalizarse ya que no solamente tiene que ver con la defensa de los derechos laborales, con la carrera administrativa y las cuestiones sindicales, sino un trabajador afiliado a un sindicato también tiene el derecho a ese tejido social que le puede brindar la organización sindical en materia de turismo, en materia de vacaciones para sus hijos, etc." y agregó "para eso cuentan no solamente conmigo sino con la organización sindical, con nuestro bloque y otras fuerzas políticas que trabajan para tratar de ordenar y generar un consenso muy amplio para que esto salga, creo que tenemos que generar conciencia para que los trabajadores tengan derechos y puedan ser defendidos por las organizaciones sindicales”, planteó el legislador peronista Claudio Heredia.
“Esperemos que con esta ley tengamos más efectivos policiales en las calles y los barrios, para que la ciudadanía no esté, como hoy, tan expuesta a convertirse en una nueva víctima del delito en cualquier momento”, consideró el diputado del Frente Renovador Javier Gentilini.
