Por ahora, no

Pese a sus problemas con la Justicia, el jefe penitenciario de Vidal seguirá en su cargo

La Comisión Provincial por la Memoria había pedido a la gobernadora y al ministro de Justicia Gustavo Ferrari que remuevan a Fernando Díaz, tras haber sido citado a declarar, sospechado de corrupción.

El día después de que Fernando Díaz -titular del Servicio Penitenciario Bonaerense- haya sido citado a indagatoria en el marco de una causa en donde se lo acusa -junto a otros 37 funcionarios- de administración fraudulenta, fuentes del gobierno de María Eugenia Vidal descartaron tomar una decisión al respecto. La Comisión Provincial por la Memoria le había mandado una carta tanto a la gobernadora como a su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, pidiéndoles que lo desplacen del cargo. No será así, al menos por ahora. Van a esperar a que la Justicia se expida y recién ahí actuarán, si es necesario.

 

Como ya informó Letra P, Díaz está sospechado de participar de una maniobra delictiva al momento en que se desempeñaba como auditor general del Servicio Penitenciario Federal, años atrás. Concretamente se trata de la comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (artículo 173 inciso 7 en función del artículo 174 inciso 5° del Código Penal), en concurso real con el delito de vejaciones (artículo 144 bis inciso 2º del C.P.). Según los fiscales, “la deficitaria situación alimentaria, crónica y extendida que se acreditó en el Complejo Penitenciario Federal NOA” tiene relación con un escenario “plagado de irregulares contrataciones millonarias, gestionadas por las autoridades penitenciarias”. Fuentes de la Comisión Provincial por la Memoria detallaron que Díaz "no solo no controló ni denunció sino que avaló las irregularidades delictivas en 40 expedientes de ´legítimo abono´". "El legítimo abono es un régimen irregular y excepcionalísimo de contratación pública que no debió utilizarse en esas operaciones, por el que se pagó la suma de $ 42.799.317,87, mientras que se denunciaron también $ 1.957.725 de sobreprecio", agregaron.

 

"Algunas de las maniobras denunciadas, además de el legítimo abono, fueron pago de sumas millonarias por un servicio deficitario, pago de sobreprecios, pago de facturas con precios ajustados pese a que la actualización de los valores fue posterior al período reflejado en el documento, pago de servicios a un valor mayor que el brindado en el mismo período y en iguales condiciones, pago de 49.459 raciones de comida por encima de la cantidad de personas detenidas, entre otras", informaron desde la CPM.

 

Lo cierto es que, consultados también por este portal, fuentes del ministerio de Justicia y del Servicio Penitenciario Bonaerense aseguraron que las agendas tanto del ministro Ferrari como de Díaz continúan normalmente. En el gobierno de Vidal saben que el organismo que encabeza el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel es una voz más que autorizada a la hora de hablar de derechos humanos, y que por eso, que se hayan comunicado con la gobernadora para pedirle directamente que remueva al titular del SPB de su cargo, puede desembocar en un cimbronazo importante.

 

Según pudo saber Letra P, Díaz asegura que no tiene nada que ver con lo que se lo acusa; se va a ajustar a derecho, va a ir a declarar y mientras tanto va a continuar desempeñando su cargo en Provincia. Ferrari, por su parte, leyó la carta firmada por la CPM en donde le pidieron que lo eche del SPB, pero por el momento no tomará ninguna determinación. Van a esperar a que la Justicia haga su trabajo, y en base a cómo se desarrolle la causa, ahí analizarán más detenidamente qué hacer.

 

Como Pablo Bressi -jefe de la Policía Bonaerense-, que fue denunciado mediáticamente por la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, que lo acusó de tener vínculos con el narcotráfico, Díaz también pasa a estar en la mira dentro del gobierno provincial, siendo un funcionario investigado.

 

"Solo con decisiones políticas contundentes que penalicen y limiten la acción fraudulenta de los funcionarios responsables de administrar las instituciones de encierro en nuestro país se podrá a transformar este efectivo sistema de la crueldad que vulnera sistemáticamente los derechos humanos", reclamaron desde la Comisión Provincial por la Memoria, expectantes de cómo se desenvuelve esta causa contra el jefe penitenciario que Vidal designó en diciembre pasado.

 

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