La Legislatura porteña aprobó este lunes en sesión extraordinaria el convenio marco entre el Gobierno nacional y el porteño por el cual se transfiere a la Ciudad de Buenos Aires parte de la estructura de la Policía Federal que entiende en todos los delitos a excepción de los federales.
El bloque oficialista le aseguró al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que sobrarían los votos necesarios para avanzar con el traspaso de más de 18 mil efectivos a la órbita porteña y lograron 37 apoyos, 11 abstenciones y tres rechazos.
El PRO confiaba que el Frente para la Victoria apoyaría el convenio que fue firmado el 5 de enero entre Larreta y Mauricio Macri hasta que esta mañana, el jefe de bloque, Francisco Quintana, y la vicepresidenta de la Legislatura, Carmen Polledo, se enteraron por boca del presidente de la bancada K, Carlos Tomada, que no iban a acompañar.
¿Las razones? Este lunes bien temprano el macrismo agregó un proyecto al temario de la sesión extraordinaria que enardeció a la tropa kirchnerista. El expediente habilita a Rodríguez Larreta a reasignar y ampliar partidas presupuestarias que “resulten necesarias a efectos de la implementación” del convenio.
En el kirchnerismo se quejaron por la incorporación de ese expediente a último momento, aunque no es la única explicación del rechazo a la iniciativa. Entre otras cosas, enumeraron la detención de la dirigente jujeña Milagro Sala, la represión a los trabajadores despedidos del municipio de La Plata y por “criminalización de la protesta social”.
En paralelo, el bloque del FpV se encuentra en una silenciosa interna que es azuzada y festejada en el oficialismo. María Rosa Muiños, Claudio Heredia, Silvia Gottero y Gabriel Fuks –la parte peronista del espacio- pedían apoyar el convenio como un gesto hacia los porteños, mientras que el resto de los diputados, motivados por las directivas de Andrés Larroque, abonaban la idea de no avalar el proyecto macrista. En el medio, Tomada logró equilibrar y saldar las fisuras para no bajar al recinto por primera vez en el año con un bloque desunido.
En tanto, el PRO cosechó el apoyo de la Coalición Cívica, el radicalismo, el Partido Socialista, Confianza Pública y el Partido Socialista Auténtico. La izquierda votó en contra.
Durante la sesión, también se aprobó una iniciativa que reforma la ley de ministerios y aumenta las funciones del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo, quien estará a cargo de la conducción política del proceso de traspaso. Se estableció como función del ministro “administrar, gestionar y reglamentar el sistema de seguridad pública de la ciudad de Buenos Aires y establecer la organización y funcionamiento de sus órganos, en los términos de la Ley 2894”.
Además, en conjunto con el ministro de Gobierno, Bruno Screnci Silva, tendrá a cargo “organizar las estructuras de asistencia técnica y ejecución de la convocatoria electoral, el financiamiento de los partidos políticos y los institutos de la democracia participativa, tanto en el orden de la Ciudad como en el de las Comunas”.
Puntos centrales del traspaso
A partir del convenio, la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales para ser ejercidas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte, la Nación transfiere la totalidad del personal, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes, tanto materiales (muebles e inmuebles) como inmateriales (sistemas informáticos, de seguimiento y/o de comunicación), junto con los contratos en ejecución y todos aquellos bienes y servicios con los que cuenten y utilicen al 1º de octubre del año 2015 y los que hayan ingresado hasta la fecha de suscripción del presente Convenio.
La mudanza incluirá a los policías de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana (básicamente, las 54 comisarías porteñas, Infantería y Montada), la Superintendencia de Bomberos y parte de las áreas de Policía Científica y de Investigaciones (Homicidios, Robo y Hurtos, Defraudaciones y Estafas, entre otras).