El ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo, se reunió este martes con diputados de la oposición porteña para explicar y discutir el convenio marco del traspaso parcial de la Policía Federal a la órbita porteña, que se aprobará el próximo lunes en la Legislatura.
Al cabo de tres reuniones con los titulares de las bancadas opositoras, Ocampo aseguró que el traspaso será con los fondos debidos, pidió colaboración para “continuar” con el proceso de autonomía de la Ciudad y adelantó que el programa de transferencia demandará un año. A su vez, confirmó que la intención del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, es unificar las fuerzas de seguridad.
Por la mañana, el ex jefe de los fiscales porteños se entrevistó en el despacho de la Vicepresidencia primera con diputados del frente ECO y del bloque Confianza Pública, que comanda Graciela Ocaña. Además de “la Hormiguita”, participaron Roy Cortina (PS), Maximiliano Ferraro (CC), Adrián Camps (PSA), Paula Oliveto (CC) y Hernán Rossi (UCR). El funcionario porteño estuvo acompañado del vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, y la vicepresidenta primera del Parlamento, Carmen Polledo.
En esa reunión, el ministro expuso los fundamentos técnicos del convenio elaborado entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires. La novedad, que está marcada en el expediente, fue que Ocampo dejó en claro que el proceso de transferencia durará un año aproximadamente.
Por otra parte, notificó que mientras dure la transición habrá una conducción política y una coordinación operativa entre la Federal y la Metropolitana. Concretamente, la conducción política recaerá en el ministro y los coordinadores serán designados interinamente por cada fuerza. Según la cláusula décimo séptima del convenio, la Nación y la Ciudad “acuerdan la creación de equipos te trabajo” que tendrán un “coordinador” por cada cuerpo y que funcionará de nexo. Todo para avanzar y ultimar detalles del proceso de traspaso.
“Está garantizado el presupuesto. Todo el presupuesto que tenía la superintendencia de Seguridad Metropolitana (las 54 comisarías porteñas, Infantería y Montada) va a pasar a la Ciudad”, confirmó Ocampo durante la reunión. Pero en la oposición se quejan y ponen reparos. “En el proyecto no está claro”, bramó un diputado que asumió el 10 de diciembre.
En el primer encuentro, los opositores también escucharon la exposición de Santilli que, fiel a su estilo, dedicó un momento de su alocución para hacer una broma. El Presidente de la Legislatura porteña contó que al hacer en análisis pormenorizado de las divisiones de la federal que pasan a operar dentro de la Ciudad se encontraron con un cuerpo de seguridad de “esquiadores” dentro de los Bomberos.
Naturalmente, el ex senador indicó que tal traspaso no tenía sentido porque “no hay nieve” en la Ciudad. Todos rieron y disfrutaron el chiste que sirvió para descomprimir el informe técnico que reinó durante el encuentro informativo.
En efecto, según explicaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación a este medio, el cuerpo de esquiadores existe aunque forma parte de la Gendarmería y opera en zonas de “alta montaña”.
Por la tarde, el PRO convocó a los diputados del Frente para la Victoria. Asistieron a la reunión el jefe de bloque, Carlos Tomada, el vicepresidente de bloque, Gabriel Fuks, y la vicepresidenta segunda del Parlamento, María Rosa Muiños.
Según pudo reconstruir este portal, la línea del oficialismo porteño fue la misma pero, como se esperaba, el kirchnerismo fue con más planteos que los emisarios de ECO. Por eso, en la antesala de los encuentros de este martes, en el macrismo hablaban de una “reunión tranquila” y una “dura”, respectivamente.
Los kirchneristas le comunicaron a Ocampo que el convenio se trata más de “una carta de intención” que un convenio de traspaso porque “muchas de las cosas que figuran son cuestiones a futuro”. Concretamente, pidieron precisiones sobre distintas cláusulas que entienden que no son claras.
Ante ese marco, el Frente para la Victoria pidió definiciones sobre los recursos, las condiciones de trabajo y las facultades que tendrán los uniformados que pasarán a operar bajo la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el macrismo citan la cláusula décimo séptima del convenio, que ya llegó a los despachos de toda la oposición, aunque buena parte de los diputados está de viaje y deberán emprender regreso para la sesión extraordinaria del 18 de enero.
Ese artículo de expediente aclara que “los agentes públicos transferidos conservan el nivel escalafonario, remuneración, antigüedad, derechos previsionales y de cobertura que tuvieran al momento de la transferencia”.
Entre los puntos salientes del acuerdo entre la administración de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta puede destacarse que el operativo Cinturón Sur seguirá comandado por la Nación, aunque se aclara que “en conjunto” con la Capital. El “Plan Unidad Cinturón Sur” se puso en marcha el 4 de julio de 2011 y consiste en el despliegue de 3000 efectivos de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval en el sur de la ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, la cláusula número dos explica que el Gobierno nacional transfiere a la Ciudad, con la totalidad del personal, “organismos, funciones, competencias, servicios, y bienes, tanto materiales (muebles e inmuebles) como inmateriales (sistemas informáticos, de seguimiento y comunicación), junto con contratos en ejecución”.
Más tarde, el tándem Ocampo-Polledo recibió en el mismo despacho de la planta baja a legisladores de izquierda. Según pudo saber Letra P, estuvieron Marcelo Ramal y Patricio del Corro por el FIT y Fernando Vilardo por Autodeterminación y Libertad. Estaban convocados Javier Gentilini (Frente Renovador) y Gustavo Vera (Bien Común), pero no participaron del encuentro.
“Nos fuimos con la mismas dudas. De la noche a la mañana sacan una convocatoria. No va a haber ningún debate, no se hicieron audiencias y encima nos pasaron el proyecto horas antes de la reunión con Ocampo”, fustigaron desde la izquierda.
La cláusula número dos también plantea que “las partes acuerdan revisar todas las modificaciones ocurridas de personal y bienes realizadas entre el 1 de octubre de 2015 y el día de la suscripción del presente convenio”. Desde la oposición entienden que se trata de un “aviso” acerca de posibles despidos, aunque advierten que “al tratarse de la policía se manejarán de otra manera”.