Fuga de capitales

BNP Paribas: pedido de procesamiento a ejecutivos y presión oficial en Francia

El requerimiento alcanza a todos los imputados por asociación ilícita y lavado de activos. El titular de la Procelac viajó a Francia para exponer pruebas y gestionar colaboración internacional.

Horas movidas y de fuerte avance en la causa en la que se investiga a 22 ejecutivos del BNP Paribas S.A. por la fuga de divisas por más de mil millones de dólares en cuentas aún no identificadas que guardaban dinero de procedencia ilícita.

 

La fiscal Paula Asaro, el fiscal de la Procuración Horacio Azzolín y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, solicitaron al juez Osvaldo Daniel Rappa que dicte los procesamientos de los 22 directivos y empleados franceses y argentinos de la entidad financiera. Se los acusa de asociación ilícita y lavado de activos.

 

También requirieron, en carácter de medida cautelar, la inhibición general de bienes de los acusados y de BNP Paribas S.A.

 

Respecto de la firma, que opera desde 2009 en nuestro país sólo con banca mayorista, solicitaron además "la prohibición de modificar la composición accionaria del capital" y "la prohibición de distribuir dividendos". Las medidas tienen como objetivo "garantizar de modo suficiente la sujeción de los bienes a este proceso".

 

Por su parte, Gonella viajó a Paris y fue recibido por su par antilavado francesa, la fiscal nacional financiera Eliane Houlette, quien se comprometió a cooperar en la gestión de información para la causa.

 

Gonella visitó a la funcionaria francesa –que estuvo acompañada por dos colaboradoras, entre ellas la vice fiscal franco argentina Mónica D'Onofrio- en su despacho del microcentro de París. El titular de la Procelac  acudió junto a la embajadora argentina en Francia, María del Carmen Squeff, quien previamente se encargó de gestionar y organizar las reuniones. Por la embajada, también asistió Ricardo Lachterman, responsable de la Sección OCDE de la sede diplomática.

 

El fiscal explicó el funcionamiento de la Procelac y expuso el caso BNP y los principales elementos probatorios que acreditan las maniobras de fuga de capitales a través de una oficina que funcionaba de forma clandestina en Buenos Aires.

 

Desde allí, se ofrecía sacar del país dinero no declarado, presuntamente de procedencia ilícita, para luego -a través de cuentas de paso- y con el cifrado de la identidad del titular, depositarlo en cuentas de sucursales del BNP en Suiza, Luxemburgo, Miami, Panamá y Bahamas, entre otros destinos off shore.

 

Gonella, quien exhibió filminas con información en español y francés, contextualizó las maniobras en el marco del flagelo de la fuga de capitales que afecta a nuestro país, donde se estima -puntualizó el fiscal- se fugaron desde la última dictadura a la actualidad entre 250 mil millones y 370 mil millones de dólares.

 

Además, Gonella tiene previsto reunirse en París con el presidente de la Autoridad de Control Prudencial y de Resolución, Christian Noyer; con la presidenta de la Comisión de Finanzas del Senado, Michele André, y por último con el relator general de la misma comisión, Albéric de Montgolfier.

 

La investigación compromete a varios ex funcionarios públicos y hasta a un ex integrante de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Los allanamientos en la sede de BNP Paribas, ubicada en Leandro N. Alem 855, en pleno microcentro porteño, permitieron identificar un listado de clientes con su número de cuenta, nombre y montos acreditados.

 

Entre las pruebas incorporadas recientemente a la investigación, se tuvo en cuenta el reconocimiento de la existencia de las cuentas ocultas por parte de sus titulares ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que logró cobrarles los impuestos a los bienes personales y a las ganancias.

 

El juez Rappa se encuentra en condiciones de resolver la situación procesal de los 22 imputados, luego de que los indagara en diferentes actos llevados a cabo en el Juzgado de Instrucción N°35, donde recibió el descargo el año pasado a los imputados residentes en Argentina, y en la Cancillería, desde donde indagó en junio y agosto, por el sistema de videoconferencia, a seis acusados que comparecieron en París y a una acusada que declaró desde Australia.

 

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