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Coimas en el fútbol: Pollicita impulsa la investigación contra Burzaco y los Jinkis

Los empresarios fueron acusados por la Procelac por defraudación y lavado de activos en relación a la comercialización de los derechos económicos de los partidos de la Selección Argentina de fútbol.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°11, Gerardo Pollicita, impulsó la acción penal en la causa que tiene como imputados a Hugo Jinkis y su hijo Mariano Jinkis –titulares de la empresa Full Play International Televisión S.A.-, y al ex directivo de Torneos & Competencias Alejandro Burzaco, involucrados en el escándalo de la FIFA con acusaciones de reparto de coimas y corrupción.

 

El fiscal federal pidió que se investigue a los tres empresarios por su presunta responsabilidad en hechos de corrupción y lavado de dinero vinculados a la comercialización de los derechos económicos de los partidos de la Selección Argentina de fútbol.

 

El 24 de julio pasado, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) había denunciado penalmente a los empresarios por los delitos de defraudación pública y lavado de activos. Esta denuncia fue radicada en el juzgado federal Nº 3 a cargo de Daniel Rafecas. Al contestar la vista conferida y con el objetivo de impulsar la investigación, Pollicita propuso una batería de medidas de prueba, entre las que se encuentran pedidos de informes a distintas dependencias públicas y organismos de control.

 

La acusación contra los empresarios tiene como trasfondo el escándalo suscitado en junio pasado a partir de una denuncia por corrupción en la justicia de Estados Unidos contra los principales directivos de la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA) y la Conmebol. 

 

En ese escenario, la Procelac denunció a los Jinkis y a Burzaco de adquirir mediante millonarios sobornos los derechos económicos exclusivos para comercializar la televisación, el marketing y la publicidad de las competencias donde participó el Seleccionado Argentino de fútbol.

 

Luego, como existe un mandato legal para que todos los partidos de la Selección se transmitan en vivo a todo el territorio nacional, el Estado nacional se veía obligado a negociar con esas empresas los contratos de transmisión, ya que detentaban la exclusividad. De esta forma, el pago de sobornos habría colocado a los empresarios en una situación dispar y particularmente ventajosa frente al Estado, pudiendo fijar precios de manera unilateral y arbitraria, lo que les habría permitido obtener ganancias “exorbitantes” con dinero de origen público.

 

En concreto, merced a los sobornos dirigidos a directivos de la FIFA y la Conmebol, los Jinkis y Burzaco pudieron vender ilegalmente los derechos de televisión, marketing y publicidad al Estado Nacional por importes que ascendieron a U$S 3.200.000 por la Copa América del año 2011; U$S 8.600.000 por la Copa América del año 2015 y el Campeonato Sudamericano Sub-20; U$S 19.000.000 por el Mundial de Fútbol celebrado en Brasil el año pasado; U$S 5.500.000 por la Supercopa de las Américas Argentina–Brasil celebrada en los años 2010 y 2011; y U$S 1.800.000 por otros cuatro partidos de la Supercopa de las Américas, “todo ello en claro detrimento del patrimonio público argentino”.

 

Estos hechos –sustentados con la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF)- constituirían un fraude en perjuicio de la administración pública, en los términos del artículo 174 inciso 5° del Código Penal.

 

El pasado 28 de agosto el juez federal Claudio Bonadio había concedido el beneficio de la excarcelación a los empresarios Hugo y Mariano Jinkis. El magistrado ya había decidido suspender el juicio por extradición y solicitó más detalles a la Justicia de Estados Unidos. Esta decisión se dio bajo la condición de no alejarse más de 60 kilómetros de la sede del juzgado y no ausentarse por más de 24 horas de su domicilio sin dar aviso al tribunal. 

 

Burzaco fue extraditado de Italia a Estados Unidos, por la investigación que lleva adelante la fiscal general Loretta Lynch, donde consiguió allí su excarcelación bajo fianza de 20 millones de dólares y restricciones ambulatorias.

 

Este jueves, además, Suiza aprobó la extradición del uruguayo Eugenio Figueredo, ex vicepresidente de FIFA, de 83 años, acusado de corrupción por la fiscalía de los Estados Unidos. El ex presidente de la Conmebol había sido detenido el 27 de mayo último en Zurich junto a otros seis altos dirigentes del fútbol mundial.

 

Figueredo, sucesor del fallecido Julio Grondona como vice de la FIFA, tiene una posibilidad de apelar la resolución del gobierno helvético.

 

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