El gobernador bonaerense Daniel Scioli promulgó este lunes la Ley de Epilepsia, a través de su publicación en el Boletín Oficial, iniciativa impulsada por el senador del Frente para la Victoria, Luciano Martini, que equipara en derechos a los ciudadanos bonaerenses que sufren de ataques epilépticos.
Por medio de su publicación en el Boletín Oficial, la Ley 14.719 establece la creación de un registro único de pacientes con esta enfermedad y se reglamenta la asistencia médica para que sea integral y gratuita para todos los ciudadanos bonaerenses.
En ese marco, define la adecuación de la provincia de Buenos Aires a la ley nacional 25.404, a fin de garantizar a toda persona que padece epilepsia el pleno ejercicio de sus derechos, proscribiendo todo acto de discriminación ya sea en el ámbito educativo como laboral.
“Es una enorme alegría poder contribuir con esta Ley, que permitirá a los ciudadanos que sufren epilepsia, mejorar su calidad de vida”, enfatizó el legislador oficialista.
La norma contempla que “el paciente con diagnóstico de epilepsia tiene derecho a recibir asistencia médica integral y oportuna, garantizando la detección temprana de la enfermedad, el acceso a todos los procedimientos diagnósticos necesarios, en conformidad con el avance de la ciencia y al tratamiento”, al tiempo que se crea “el Registro único de pacientes epilépticos” en territorio bonaerense.
Para ello otorga la accesibilidad a los medicamentos (FAE) y a la cirugía de la epilepsia en aquellos casos que así se lo requiera, como a una adecuada rehabilitación y seguimiento del paciente y su familia.
Además, se establece que “las prestaciones médico-asistenciales a que hace referencia la ley deberán ser garantizadas por el sistema público de salud y por todas las obras sociales de la provincia de Buenos Aires y las empresas de medicina prepaga”.
A su vez, se establece que “en toda controversia judicial o extrajudicial en la cual el carácter de epiléptico fuere invocado para negar, modificar y extinguir derechos subjetivos de cualquier naturaleza, será imprescindible el dictamen de profesionales de la salud, lo cual no podrá ser suplido por otras medidas probatorias”.
“No sólo apuntamos a una cobertura asistencial, sino que la ley busca garantizan el acceso no discriminatorio al nivel laboral y educacional”, concluyó Martini.