El acuerdo estratégico entre Graciela Ocaña y Martín Lousteau de cara a las PASO del 26 de abril de este año tuvo como corolario el ingreso de dos hombres del riñón de “la hormiguita” a la Legislatura porteña: Diego García Vilas y Marcelo Depierro.
Los ex ministros kirchneristas acordaron medirse en internas y ubicar legisladores en nómina de la que también participaron la Coalición Cívica, el radicalismo y el socialismo. La irrupción de Ocaña en ECO desató la furia de los dirigidos con Elisa Carrió, que aún recuerdan las discusiones entre ambas dirigentes cuando militaban en Afirmación de una República Igualitaria (ARI).
Además, su tirante relación con Daniel Amoroso, el ex diputado del PRO que la rescató del ostracismo en 2013, terminó por explotar. De buenas a primeras, Ocaña se pasó a ECO y mudó al bloque Confianza Pública en la Legislatura porteña sin consultarle a Cristina García de Aurteneche, su ahora ex compañera de espacio. En una sola jugada, rompió el vínculo que mantenía con sus mecenas y acordó con el economista. Esa decisión trajo aparejado el enojo de los militantes de Confianza Pública, que pidieron correrla de la presidencia del partido.
Pese a los reproches y enojos, Ocaña logró ingresar dos diputados de máxima confianza al Parlamento local. Uno de ellos, totalmente resistido por las fuerzas de izquierda por su pasado laboral. Es que Diego García Vilas fue abogado de la empresa Donnelley, la imprenta estadounidense que cerró en agostos de 2014 y dejó a 400 trabajadores sin empleo desatando una serie de cortes en la Autopista Panamericana, de los que el PO y el PTS fueron parte.
El día 11 de ese mes, cuando los empleados de RR Donnelley llegaron para ingresar al turno de las 6, se encontraron con que las rejas de la planta estaban cerradas. Guardias de seguridad les impidieron el paso y como toda explicación les dieron un comunicado extraoficial, sin sello ni firma, que informa el fin de las operaciones de la multinacional en el país.
“Lamentamos profundamente tener que comunicarle que, afrontados a una crisis insuperable y habiendo considerado todas las alternativas viables, estamos cerrando nuestras operaciones en Argentina y solicitando la quiebra de la empresa, luego de 22 años de actividad en el país”, informaba la hoja pegada en el ingreso de la fábrica, en el kilómetro 36.700 de la Colectora Panamericana, en la localidad de Garín, partido de Escobar, según publicó el portal Infobae.
Durante el mes de junio, el periodista Alejandro Bercovich presentó un informe en el que reveló irregularidades en los manejos del dinero de la Universidad de Buenos Aires por parte del grupo vinculado al presidente de la UCR porteña, Emiliano Yacobitti, uno de los principales operadores de la campaña de Martín Lousteau. No obstante, no fue el único reproche al armado de ECO.
Meses antes, cuando Ocaña presentó a sus dos candidatos para la Legislatura porteña, desde la izquierda porteña le saltaron a la yugular. “Hay que mirar muy bien quiénes integran las listas. Ocaña habla de transparencia pero llevaba en su lista al abogado de la empresa buitre Donnelley”, afirmó Myriam Bregman a Tiempo Argentino en referencia a García Vilas.
La ex candidata a jefa de Gobierno del Frente de Izquierda y de los Trabajadores recordó que la compañía estadounidense llevó adelante un “vaciamiento” que ocasionó despidos masivos. Donnelley fue acusada de montar una quiebra fraudulenta y los trabajadores se agruparon para formar la cooperativa “Madygraf”, que mientras sigue operando reclaman estatizarla y expropiarla.
El flamante legislador de ECO, resultó electo en las elecciones del 5 de julio en la que el frente ubicó 7 diputados en la Legislatura porteña, mantiene un estrecho vínculo con Graciela Ocaña, a quien acompaña desde hace tiempo y a quien siguió en todos los espacios de la función pública en donde estuvo.
Fue asesor cuando era ministra de Salud y también subsecretario de Políticas, Regulación y Fiscalización de esa cartera. Anteriormente, fue gerente de Recursos Humanos del PAMI durante la gestión de Ocaña.