Mientras se aviva la campaña porteña de cara a las elecciones generales del 5 de julio, la oposición al macrismo presentó una ley para que los candidatos a jefe de Gobierno sean obligados a debatir públicamente en el marco de un programa televisivo emitido en una señal de aire.
Según se fundamenta en el proyecto, se entiende por debate público y abierto a “aquel intercambio de ideas llevado a cabo en un canal de televisión de aire” entre los veinte y diez días hábiles anteriores a la elección por el cual los candidatos a la Jefatura de Gobierno expresan sus “ideas, objetivos, propuestas y planes de gobierno, siendo coordinados por un moderador”.
El expediente elaborado por los diputados Fernando Muñoz (FpV), Paula Oliveto (Coalición Cívica) y María Rosa Muiños (FpV)indica que el debate se desarrollará en torno a ocho ejes temáticos: Salud, Seguridad, Servicios Públicos, Educación, Transporte, Vivienda, Obra Pública y Políticas Sociales.
Además, se indica que será transmitido en vivo por el Canal de la Ciudad y la Radio de la Ciudad de Buenos, y todas las frecuencias de televisión y radio gestionadas por privados, podrán tomar en forma libre y gratuita la emisión.
La iniciativa de la oposición advierte que el intercambio de ideas entre candidatos debe hacerse tanto en las PASO, como en las elecciones generales y en una eventual segunda vuelta. Si bien pueden participar todos los candidatos que se anotan para la contienda, en la primera y segunda vuelta sólo quienes hayan superado un piso del 10% de los votos.
De esa manera, actualmente, sólo Horacio Rodríguez Larreta (PRO), Martín Lousteau (Eco) y Mariano Recalde (FpV) estarían habilitados para debatir. La representante del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Myriam Bregman, y el candidato de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora, quedarían afuera de esa posibilidad.
Según el expediente, el tiempo de debate será organizado de tal manera que los candidatos dispongan, como mínimo de un espacio inicial para presentación global de su propuesta; de un espacio posterior para referirse por turnos a los temas enumerados en el párrafo anterior y un espacio final para intercambio de preguntas y repreguntas y conclusiones.
La autoridad de aplicación será el Tribunal Superior de Justicia y deberá proponer una terna de “moderadores”, que tienen que ser profesionales de los medios de comunicación de “reconocida trayectoria” y “que no cuenten con amistades o enemistades manifiestas con alguno de los candidatos, que no se encuentren ligados a ellos por lazos familiares o sentimentales y que no haya sido parte en un juicio, litigio o instancia prejudicial obligatoria, contra alguno de ellos”.
Además, el proyecto opositor afirma que “el partido o frente político del candidato/a que no concurra al debate establecido por la presente Ley será sancionada con la quita de los espacios públicos y gratuitos en medios televisivos y radiales que la Ley N° 268 otorga”. “El debate se realizará con el resto de los candidatos, dejando un lugar vacío visible con el nombre del candidato que no concurrió”, explica el expediente.
El gasto que ocasione el cumplimiento de esta ley “será imputado a las partidas del Ministerio de Gobierno”. Esa cartera la dirige Emilio Monzó, pieza vital del armado de Mauricio Macri de cara a las elecciones presidenciales.
El proyecto busca sumar la posibilidad de un debate en un canal de aire, además del propuesto por la señal TN en el marco del programa A dos Voces, al cual ya confirmaron presencia Rodríguez Larreta, Lousteau y Recalde.
La posibilidad de aplicar esta iniciativa en lo inmediato es muy baja. En parte porque las elecciones son dentro de un mes y también porque la Legislatura porteña está paralizada por la campaña de la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, la iniciativa llama la atención ya que tanto el kirchnerismo como Eco repiten una y otra vez que con un debate no alcanza y propone discutir varias veces con el candidato del PRO.
Por otra parte, el proyecto nace en el mismo momento en el que el jefe de Gabinete de la Nación, Aníbal Fernández, impulsa una iniciativa similar en el Congreso de la Nación para obligar a debatir a los candidatos a presidente.
