El legislador provincial logró en enero la suspensión de la designación de 16 fiscales por parte de la procuradora Alejandra Gils Carbó. El argumento fue que la abogada se extralimitó en sus funciones y se anticipó al dictado de las leyes de implementación de la reforma.
El 17 de junio, el Congreso aprobó la nueva ley del Ministerio Público que, según D’Alessandro, “viola las normas constitucionales del debido proceso y pretende generar fueros personales designando fiscales a medida de las necesidades políticas del gobierno”.
“La ley cuestionada establece la creación de fiscalías auxiliares y la posibilidad de la procuradora de ‘asignar’ fiscales a las causas de resonancia e instruir a los mismos para que actúen al solo arbitrio de la Procuración anulando la independencia que todo funcionario judicial debe tener, para aplicar la ley según su propia interpretación y no la de su superior “claramente politizado”, sostuvo el diputado.
Para el massista, “esta ley pretende blindar a los funcionarios kirchneristas más allá de diciembre, garantizando que la procuradora militante Gils Carbó pondrá a cargo de las causas sensibles a fiscales que el Gobierno se apura a designar antes del fin del mandato”.
“El combo es simple. Designaron una fiscal con mandato indefinido y le armaron una ley para que cambie y designe fiscales de acuerdo a las necesidades de este gobierno. Con el nuevo código que se apuran a implementar, pusieron en cabeza de esos fiscales la dirección del proceso penal”, dijo el legislador, al tiempo que expresó que “la frutilla del postre es permitir correr a los funcionarios independientes que queden para poner en cada causa un fiscal a medida”.