El Tribunal Oral en lo Criminal 3 de La Matanza condenó hoy a 10 años de prisión al policía bonaerense Diego Torales por la aplicación de torturas al adolescente Luciano Nahuel Arruga, cuatro meses antes de que desapareciera en 2009. Por unanimidad, los jueces encontraron culpable al ex uniformado por ser responsable de "tormentos físicos agravantes" contra el adolescente, de 16 años, en la cocina del entonces destacamento policial de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador.
El caso, que comenzó en abril de 2009 cuando Arruga fue visto por última vez, había generado un alto impacto político, ya que la familia del joven denunciaba abusos de la policía del Mirador.
Aseguraban que los uniformados pretendían que Arruga “trabajara” para ellos, en las zonas que liberaban para el delito. El tema fue tomado por el kirchnerismo puro, en momentos en que el gobernador, Daniel Scioli no era considerado “propio”. Gabriel Mariotto, en el Senado, y los diputados de la Cámpora, con Miguel Funes a la cabeza, fueron los encargados de acusar a la policía bonaerense, en ambos recintos de la legislatura provincial.
En el sciolismo pretendieron mostrar distancia, hasta que las presiones obligaron el pase a disponibilidad de los policías acusados. Claro que la medida se tomó cuatro años después de sucedido el hecho.
A fines de Octubre de 2014, el cuerpo del joven fue hallado, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Se estableció que previamente había sido atropellado por un auto sobre la avenida General Paz y estuvo horas internado en el hospital Santojanni hasta su muerte.
En ese momento, la respuesta del gobierno provincial, a través de la palabra de su ministro de Justicia, Ricardo Casal, fue que "el hecho de que no tenía documentos, no tenía DNI ni cédula federal, tal vez no se registraron en el ámbito de la Ciudad, en el hospital público las huellas dactilares, es un tema que ha sido más hospitalario que otra cosa".
"La causa sigue por lo anterior, es un tema netamente de la Justicia, nosotros hemos colaborado en todo lo que pidió, cerramos el destacamento, colaboramos con la suspensión de tareas de los policías involucrados, lo que la Justicia decida se va a hacer", afirmó Casal en esa oportunidad.
Se verá ahora, si ante la evidencia de las torturas ejercidas por un policía de la bonaerense, se intentará investigar la denuncia de la familia Arruga, que asegura que la policía utiliza a los jóvenes para la comisión de delitos. Hasta el momento, ni el Ejecutivo, ni los legisladores de la Cámpora, se expresaron al respecto.
