Aunque los órganos de aplicación de la Convención Contra la Tortura aprobada por la ONU y de la Convención Interamericana para prevenir y Sancionar la Tortura habían recomendado a los Estados parte que no la utilizaran; aunque Amnistía Internacional haya denunciado que en los últimos diez años 800 personas han fallecido en EE.UU. por el uso de las Taser; aunque Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, India, Italia, Japón, Nueva Zelandia, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido han prohibido estas pistolas para uso defensivo, el Tribunal Superior de Justicia porteño ha decidido habilitar a la Policía Metropolitana para que descargue durante 5 segundos 50.000 voltios sobre un ser humano, a través de arpones unidos al arma con filamentos electroconductores.
La Justicia no atiende a las consecuencias de lo que las Taser podrían y podrán generar, ya que solo remarca que “el demandante carecía de un derecho para cuestionar la licitación destinada a la compra de las mencionadas armas” y que “los planteos resultaban conjeturales e hipotéticos, dado que las armas no habían sido adquiridas”.
La única jueza que rechazó la apelación del PRO fue Alicia Ruíz que sostuvo: “Es oportuno recordar, una vez más, que los derechos y garantías que sostienen la pretensión del Sr. Pisoni resultan constitucionalmente exigibles”.
Estamos azorados por el fallo tanto como ha expresado el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad. Informes de la fábrica de las pistolas Taser y de diferentes fuerzas de seguridad como policías y Gendarmería son algunas de las pruebas que había presentado el compañero Charly Pisoni -subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación-, en representación del Observatorio, para evitar el uso de las Taser. Consideramos que no nos parece que a la Policía Metropolitana, que reprimió a pacientes, médicxs, periodistas y trabajadorxs en el Hospital Borda, por citar un ejemplo, se les asigne un arma de estas características. Consideramos que con políticas públicas de inclusión y también con medidas concretas de prevención del delito y una mayor presencia de una policía vinculada a la comunidad, más eficiente y capacitada, que combata el delito y no lo administre, es posible una ciudad más segura.