Barbella fue recientemente designado tras la resolución del 30 de diciembre de 2014, en la que la procuradora Alejandra Gils Carbó cubrió 18 vacantes que, según el massista, son “militantes” y por ello obtuvo una medida cautelar que suspende la designación de 16 de los nombrados.
Ante el anunciado pedido de indagatoria, D’Alessandro sostuvo que “estaba claro que las designaciones de nuevos fiscales anticipándose a la vigencia del nuevo Código de Procedimientos encerraban en realidad la intención de perseguir a enemigos políticos y proteger a funcionarios denunciados afines al Gobierno”.
“El inmediato cambio en el curso de la investigación, avanzando con pedidos de indagatoria donde fiscales anteriores y el propio juez habían opinado en contrario, pone negro sobre blanco respecto de la verdadera intención de la fiscal Gils Carbó al designar a las apuradas nuevos funcionarios”, sostuvo el diputado.
“En lugar de ocuparse de lo que quiere la sociedad, donde el tema Seguridad figura en primer lugar, el oficialismo reemplaza fiscales con el sólo fin de que le sean útiles al gobierno. Los fiscales están para “militar” en la causa de meter presos a los delincuentes y no en la persecución política”, afirmó D’Alessandro.
Gómez Barbella, integrante de la agrupación “Justicia Legítima”, quedó a cargo de Papel Prensa y solicitó la indagatoria de Héctor Magnetto, Ernestina de Noble y Bartolomé Mitre por ese caso.
Su pedido se basa en el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. La imputación es por “haber obligado mediante intimidación al grupo Graiver y sus allegados a suscribir tres convenios cuyos objetos fueron la transferencia del capital social de la empresa Papel Prensa S.A. a favor de la Sociedad Anónima La Nación, Arte Gráfico Argentino (AGEA) y La Razón Editorial Emisora Financiera, Industrial, Comercial y Agropecuaria”.
“Les imputo a los nombrados que la suscripción se concretó el día 2 de noviembre de 1976 en la sede del diario La Nación, ubicada en la calle Florida entre Av. Corrientes y Sarmiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y todo ello en un marco de persecución política contra las víctimas y sus negocios, ordenada por la primera junta durante la última dictadura militar”, agregó.
Por su parte, el juez Julián Ercolini rechazó el pedido del fiscal en la causa que se investiga la apropiación ilegal de Papel Prensa en la última dictadura cívico-militar. El magistrado afirmó en su fallo que aún falta realizar estudios clave como “un peritaje de tasación histórica y contable, que aparece como muy importante” y agregó que están “pendientes distintas declaraciones vinculadas con la ocasión en la que se concretó la transferencia de acciones de la empresa”.