Se trata de un proyecto inmobiliario que involucra a alrededor de 900 familias, en Avellaneda. Estas se adhirieron en 2009 al fideicomiso al costo que prometía cuotas bajas, posesiones en 36 y 48 meses, y créditos preacordados con el Banco Provincia a la hora de las posesiones. No tenían requisitos de entrada, por lo cual muchas familias o jóvenes emprendedores confiaron en las empresas Círculo Inmobiliario S. A. (CIESA), Bainter Inversiones S. A., Deloitte S.A. y BAPRO Mandatos S. A., quienes celebraron el contrato que dio nacimiento al proyecto.
Pasaron cinco años y la obra de 924 unidades tiene una crisis financiera y está casi parada, por causa del mal desempeño de esas empresas. Así las cosas, sus dueños -quienes pusieron cada peso con los que sólo se construyó el 40% de la obra-, se organizaron y conformaron una comisión de Adherentes Autoconvocados para sacarla adelante en las mejores condiciones para ellos y al menor costo.
El grupo de compradores define a esta etapa como “un notable ejemplo de trabajo en equipo y unión ante la adversidad”. Es que se trata de gente común y corriente que ante un escenario sumamente complejo se unió para conformar una comisión de trabajo, que anhela tras varios meses de esfuerzo ver la obra reiniciada.
Desde la conformación de esa comisión, la misma estuvo realizando tareas de relevamiento, auditoría, investigación, chequeo de ingresos, presupuestos, reuniones y negociacionescon contratistas, y todo tipo de tareas, siempre en nombre de los adherentes.
El proyecto Estrella del Sur inicialmente surgió como una opción atractiva, accesible y confiable, y casi 5 años después continúa en veremos. Pero hoy en día, el trabajo realizado por los adherentes para restablecer y reencaminar el rumbo puede terminar bien.
Concretamente, lo que solicitan es el compromiso de CIESA, Bainter y BAPRO, las entidades que lideran el proyecto y son responsables de su situación actual, a las cuales se les siguen reclamando la financiación de los saldos post posesión que devinieron en imposibles para muchas familias, al igual que se le exige a la gestión del gobernador Daniel Scioli, por considerarla responsable directa del accionar de BAPRO Mandatos S.A.
