Sociedad

Una investigación reveló la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad

Presentado el jueves en la sede de FLACSO, el libro de dos tomos apunta a la participación civil de empresarios en el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.

El jueves pasado se presentó, en el auditorio "Emilio Mignone" de la sede de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), el informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado” que, a través de dos tomos que suman cerca de mil páginas, establece la colaboración civil de las 25 compañías más importantes con la última dictadura militar. El panel de presentación contó con la presencia del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; el subsecretario de políticas criminal, Luciano Hazan; presidente del CELS, Horacio Verbitsky y el director de Economía y Tecnología de Flacso, Eduardo Basualdo, y la responsable del Programa Verdad y Justicia, Elizabeth Gómez Alcorta.

 

La investigación establece de qué modo las direcciones empresariales a lo largo y ancho del país tuvieron un rol activo en el disciplinamiento de los trabajadores mediante el terror y la colaboración directa con las autoridades de facto. Desde la entrega de listas negras y la posesión de Centros Clandestinos de Detención, hasta la coordinación de operativos junto a las fuerzas represivas,  como en el caso de la noche del Apagón de Ledesma. “Hay que distinguir ‘responsabilidad’ de ‘complicidad’. Este trabajo sirve para documentar la responsabilidad de los empresarios a través de recursos logísticos, financieros y materiales”, explicó Gómez Alcorta durante la presentación.

 

Luego de más de un año y medio de trabajo, y con un equipo interdisciplinario integrado por abogados, antropólogos, sociólogos e historiadores, se realizaron 22 informes sobre las 25 empresas más importantes del país. Nombres conocidos en nuestros días como Molinos Río de la Plata, Establecimiento Las Marías, Swift, Fiat, Ford, Mercedes Benz, Ledesma, Astillero Río Santiago, Alpargatas, Minera El Aguilar y el diario La Nueva Provincia, entre otros, fueron tomados como casos testigo de un universo empresarial mucho mayor. En todos los casos, los investigadores develaron comportamientos sistemáticos o “patrones de recurrencia”, como por ejemplo que en el 88 por ciento de las empresas analizadas hubo secuestros de trabajadores, o que en el 72 por ciento de los casos existió presencia de actividad militar, control y amedrentamiento en los lugares de trabajo.

 

Según la historiadora Victoria Basualdo, una de las coordinadoras de la investigación, los empresarios “no fueron una ayuda ni fueron subsidiarios o cómplices, sino que fueron protagonistas de este proceso represivo”. La investigadora del CONICET también aprovechó para agradecer a las víctimas, a quienes calificó como “protagonistas de una historia de movilización, lucha y resistencia en las peores situaciones”, y les dedicó el trabajo que estaba presentando.

 

“La variedad, gravedad e impacto de este accionar empresarial y su centralidad para la tarea represiva volvió insuficiente el uso de términos como ‘complicidad’ o ‘colaboración’, que denotan un papel complementario o subsidiario respecto de una acción desarrollada por otro actor. A partir del análisis de esta evidencia optamos por señalar que existe una ‘responsabilidad empresarial’ respecto de estas políticas represivas”, sostiene el informe. La categoría de análisis no es menor, ya que el trabajo será aportado a las causas vigentes que tengan relación con los casos estudiados, así como también ante la Comisión Bicameral destinada a investigar la participación de civiles durante la dictadura, creada el 11 de noviembre pasado. También fue entregada  al fiscal general Jorge Auat, a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

 

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