El artículo 11 del proyecto de emergencia penitenciaria enviado por la Leigslatura establece que el presupuesto del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) no será administrado directamente por el organismo sino que quedará en manos del ministerio de Economía. Ese es uno de los datos centrales de la iniciativa que se discutirá en el parlamento provincial con el telón de fondo de la crisis provocada por la fuga de los tres condenado por el crimen de General Rodríguez de la Unidad 30 del SPB, ubicada en General Alvear; y una de las hipótesis que manejan en Cambiemos por la fuga de los hermanos Lanatta y Víctor Schilliaci.
La gobernadora María Eugenia Vidal había girado a la Legislatura provincial el proyecto de Ley para decretar el “estado de emergencia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y del Sistema de Salud Penitenciaria por 12 meses”. Allí se crea la “Comisión de Cooperación, Monitoreo y Seguimiento” para entre otras cosas- controlar el funcionamiento del SPB y también le da facultades al ministro de Justicia (Carlos Mahiques) para designar de manera directa al personal del SPB y de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria; además de disponer bajas, retiros, reubicaciones escalafonarias o cambios de escalafón. Sin embargo la mayor potestad la tendrá el Ministerio de Economía: manejará los recursos.
En medio del escándalo por la fuga de los tres condenados del triple crimen de General Rodríguez de la prisión de General Alvear, Vidal pretende tener la Ley de Emergencia del SPB y de la Dirección Provincial de Salud. En el círculo de la gobernadora creen que querer regular el “autogobierno” en el que se transformó la institución penitenciaria bonaerense le costó caro.
En el texto que giró a la Legislatura y al que tuvo acceso Letra P, se pretende además de la cuestión edilicia avanzar sobre los nombramientos del SPB a discreción del ministro de Justicia. Es el artículo 9 del proyecto el que dice que “el titular del Ministerio de Justicia, durante la emergencia declarada por la presente ley, tendrá facultades para disponer bajas, retiros, reubicaciones escalonarías, cambios de escalafón y ascensos ordinarios o extraordinarios del personal del SPB y de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria”.
En cuanto a la gestión de recursos financieros, Vidal busca darle facultades al ministerio de Economía. En el artículo 11 del proyecto se especifica que será Economía quien podrá “efectuar las adecuaciones presupuestarias, reasignación de recursos, afectación y/o incorporación de las partidas que resulten menester para cumplir con los objetivos establecidos en la presente ley”.
En la presentación de la Emergencia se explica que la “declaración propuesta tiene por objeto dotar a las áreas específicas del Poder Ejecutivo de herramientas y mecanismos ágiles para mejorar sustantivamente las condiciones de detención de las personas privadas de libertad alojadas en el ámbito provincial”.
La “agilidad” también se traduce –según el fundamento del proyecto- en la cuestión edilicia y de suministros de bienes. “Se dota a los organismos estatales de instrumentos que permitan máxima celeridad en la adquisición del equipamiento y la realización de obras necesarias para garantizar condiciones dignas de detención”.
En el PRO creen que la intención de María Eugenia Vidal de ir por el SPB tuvo su precio. Sin embargo las versiones sobre la fuga de los hermanos Lanatta y de Víctor Schiallci son varias. El ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, acusado por uno de los Lanatta -durante la última campaña electoral- de ser el autor intelectual del triple crimen aseguró este lunes que con la fuga a los condenados “le pagaron un favor enorme”. Todavía no hay certezas si la emergencia del SPB será aprobada o no.
