La fiscal federal de la Ciudad de Buenos Aires Paloma Ochoa solicitó la indagatoria del juez de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Rafael Riggi, en el marco de la causa en la que se lo investiga por “haber tomado intervención en las conductas ilícitas que se desplegaron de común acuerdo para obtener ilícitamente de la Cámara Federal de Casación Penal un fallo favorable que revocara los procesamientos y denegatorias de las excarcelaciones de los entonces imputados”, por el crimen del joven militante Mariano Ferreyra.
En ese marco, Ochoa destacó que una de las maniobras clave del plan criminal que “los imputados de común acuerdo congeniaron y forjaron, fue la selección irregular de la Sala de la Cámara Federal de Casación Penal (la Sala III) que habría de resolver los planteos recursivos que se interpusieron contra esas resoluciones, sobre cuyos miembros ejercerían sus influencias en base a vínculos reales y preexistentes de modo que la decisión jurisdiccional a adoptarse respondiera a las pretensiones particulares de aquellos”.
En aquel momento, Pedraza aún no se encontraba formalmente imputado en la investigación por el crimen de Ferreyra, por lo que “con esta maniobra, pretendía su desvinculación de aquel proceso penal”, explicó la fiscal federal.
De esta manera, a partir del análisis efectuado sobre la prueba reunida, y en particular sobre las conversaciones telefónicas registradas en el marco de esta investigación, la representante del MPF precisó que “ese sorteo irregular de la Sala III sucedió el miércoles 26 de enero de 2011, mientras transcurría la feria judicial; el abogado Aráoz regresó al país el 30 y la entrega del dinero acordado para obtener de parte de los integrantes de la Sala III una resolución favorable se concretó al otro día (31/01/2011), siendo el ‘día 2’ cuando Aráoz se reuniría con el ‘amigo de la Sala que habían elegido’ (refiriéndose con ello a Riggi) para ‘hablar’ del tema”.Esa fecha coincidía con el regreso del juez Riggi a sus funciones laborales.
Sin embargo, el encuentro finalmente no llegó a concretarse debido al allanamiento en el estudio jurídico de Aráoz de Lamadrid, que “frenó la maniobra ilícita que los imputados venían ejecutando”.
“Es importante tener presente que con ese sorteo los imputados se aseguraron una mayoría entre los integrantes de esa Sala que quedó conformada por Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Liliana Catucci, pues los dos primeros tenían pleno conocimiento de la maniobra delictiva y acuerdo previo con el resto de los imputados sobre la resolución que se daría a los recursos interpuestos”, indicó Ochoa.
La representante del Ministerio Público indicó que “el juez Riggi no sólo estaba al tanto de las maniobras ejecutadas por el resto de los imputados (ya procesados) sino que además formaba parte de un pacto previo que culminaría con la entrega del dinero prometido a contraprestación de la resolución judicial buscada por el grupo de los siete imputados”. Es decir, el sobreseimiento y consecuente libertad por el crimen de Mariano Ferreyra.
A partir de la investigación, surgió que Pedraza fue quien, de la mano de Stafforini, “se movilizó para conseguir el dinero que compraría su efectiva desvinculación, pues hasta la definición del sorteo de la Sala que entendería en los recursos interpuestos, nada le aseguraba a aquél que lograría torcer esos procesamientos”, señaló la representante del MPF.
Por este hecho, ya se encuentran con procesamiento firme el ex titular de la Unión Ferroviaria José Pedraza; los entonces vicepresidente y directora suplente de Belgrano Cargas S.A. Angel Stafforini y Susana Rita Planas, respectivamente; el abogado y ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid; el ex funcionario judicial Luis Ameguino Escobar, y el ex agente de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Juan José Riquelme por su participación en el soborno de 50 mil dólares.
Riggi llegó al Poder Judicial en 1971. Tenía un cargo en la Cámara Federal en lo Penal creada por la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse para “juzgar la actividad subversiva”. Ese fuero especial fue rebautizado como el “Camarón” por los militantes políticos y sus abogados.
Fue cesanteado en 1973, cuando Héctor Cámpora asumió la presidencia. Poco después retomó sus tareas y escaló posiciones, y en 1978 fue nombrado juez. Catorce años después, el entonces presidente Carlos Menem se encargó de impulsar su nombramiento en la Cámara Federal de Casación Penal.
