La Legislatura porteña aprobó por unanimidad una ley que regula a los centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires tras el reclamo por parte de los espacios culturales que sistemáticamente sufren clausuras producto de que no están contemplados en el Código de Planeamiento Urbano y Edificación.
El expediente fue aprobado en primera lectura en 2014, pasó por la instancia obligatoria de audiencia pública y llegó este jueves al recinto luego de recibir despacho favorable en la Comisión de Planeamiento Urbano.
El proyecto aprobado por 49 votos positivos incorpora a la figura de centros culturales al Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación. A su vez, define a los centros culturales como “el espacio no convencional y/o experimental y/o multifuncional en el que se realicen manifestaciones artísticas de cualquier tipología, que signifiquen espectáculos, funciones, festivales, bailes, exposiciones, instalaciones y/o muestras con participación directa o tácita de los intérpretes y/o asistentes”.
Los Centros Culturales fueron clasificados en cuatro categorías según su capacidad de asistentes: el “Clase A” podrá recibir hasta 150 personas; el “Clase B” de 151 a 300 personas, no pudiendo ser la superficie de piso mayor a 500 metros cuadrados; “Clase C” desde 301 hasta 500 personas, no pudiendo ser la superficie de piso mayor a 1000 metros cuadrados y “Clase D” aquellos que superen las 500 personas con una superficie de piso mayor a 1000 metros cuadrados.
La ley también detalla los medios de egreso, los servicios de salubridad, el sistema de iluminación de emergencia, las previsiones contra incendio y los requisitos de evacuación.
La discusión comenzó a mediados del año pasado, cuando desde el kirchnerismo denunciaron que una veintena de centros culturales fueron clausurados por la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porque no cumplían ciertos requisitos. El diputado por Seamos Libres Pablo Ferreyra fue quien primero presentó un proyecto referente al tema, que se venía trabajando el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (MECA) desde hace una década.
La legisladora del Frente para la Victoria Lorena Pokoik también inició gestiones para que los centros culturales sean reconocidos por el Gobierno porteño y presentó una iniciativa en nombre del bloque kirchnerista. Más tarde, desde UNEN también presentaron un expediente.
“A partir de la sanción de esta ley, los centros culturales porteños que no pertenecen al circuito oficial pueden inscribirse en el registro de usos culturales y obtener la habilitación para salir de la clandestinidad a la que estaban condenados por la regulación vigente”, destacó Ferreyra.
El aliado del FpV adelantó que su agrupación trabaja por un proyecto para que se fomenten las actividades de los centros culturales con el objetivo de abordar “soluciones reales a la problemática del sustento de estos valiosos espacios de producción y difusión de la cultura popular porteña, y otras iniciativas legislativas que apuntan a la recuperación de los cines de barrio”.
“Consideramos que una política cultural genuina debe impulsar el desarrollo de nuestros artistas con apoyo estatal”, concluyó.
Para Pokoik, “la ley de centros culturales era una asignatura pendiente en materia legislativa y es un aporte al proceso de democratización cultural de la Ciudad”.
“Desde el Frente para la Victoria estamos convencidos que la producción cultural que nace de cada barrio debe ser reconocida y promocionada con políticas activas por parte del Estado y por eso reafirmamos que la cultura no debe clausurarse sino promoverse”, agregó.
Al proyecto original se le incorporó una modificación que ajusta de forma más acabada la regulación a la realidad de los espacios más pequeños. En el cuadro de usos, se introdujeron categorizaciones en relación al impacto ambiental que permite a los centros culturales más chicos, que son los más vulnerables y en general los que funcionan de forma autogestiva, evitarse trámites engorrosos y onerosos correspondientes a estudios de impacto ambiental.
Los centros culturales medianos deberán realizar un estudio de impacto ambiental para definir su categoría y los más grandes estarán categorizados “con relevante efecto” y deberán ajustarse a las regulaciones que esto requiere.