La legisladora porteña Graciela Ocaña realizó un pedido de ampliación a la jueza María Servini de Cubría –que ya había dado la orden para un allanamiento en la AFA-, para que se investiguen todas las contrataciones realizadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación en el marco de este programa.
Entre las empresas apuntadas se encuentran La Corte SRL, VTS, Video4, Wayson Producciones, RecordVision SA, Prensa Satelital SA, Farolito Entertainment SA, como así también las contrataciones relacionadas con el programa televisivo Fútbol Permitido y Santa Mónica SA.
“El punto que cobra interés para esta nueva denuncia, es que la JGM habría incumplido o dejado de lado los procedimientos de contratación establecidos para el Estado Nacional, al momento de acordar con las productoras a cargo de la transmisión de los partidos, ya que habría contratado en forma directa, o mediante el reconocimiento de pagos recurriendo a la figura del ´legitimo abono´, por montos superiores a los doscientos millones de pesos ($ 200.000.000)”, se expone en la denuncia a la que tuvo acceso Letra P.
Hasta ahora el Gobierno “sólo ha utilizado el programa como plataforma para promocionar la gestión del actual gobierno”, es una de las principales críticas de la legisladora, que además agrega que “este modelo o método de contratación que se quiere ´vender´ como una conquista del pueblo argentino, bajo la falsa consigna de la democratización del deporte, está lejos de serlo, por lo menos en su aspecto económico, ya que parece elaborado para beneficiar a unos pocos, y para colmo, entre los pocos aparecen algunos ´conocidos´ de la justicia penal”, continúa el escrito.
Cabe destacar que en la causa fueron imputados el jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el senador Aníbal Fernández y el ex jefe de ministros Juan Abal Medina.
Ocaña sugiere de esta manera que se produzcan una serie de medidas de prueba, como por ejemplo “solicitar a la AFIP la situación de deudas de moratoria de los clubes afiliados a la AFA, para determinar si los fondos asignados al Programa Futbol para Todos fueron efectivamente aplicados a que las entidades redujeran sus deudas con el Estado nacional, uno de los objetivos del Programa”.
También, “requerir que el Estado Nacional informe sobre todos los antecedentes de las contrataciones realizadas en el marco del Programa”; “solicitar el envío del listado del personal asignado o que cumplen funciones en el Programa Futbol para todos”; y “requerir todos los antecedentes del sistema ´AFA PLUS´, de los demás sistemas informáticos, de los convenios firmados con entes públicos y privados, y el detalle de los fondos asignados por el Programa para garantizar la calidad de los eventos, su seguridad, la implementación de un mecanismo que evite la reventa de entradas, y el control de ingresos por mecanismos biométricos”.
“Nada mejor entonces para cumplir con nuestros compromisos internacionales (y realmente con nuestras familias apasionadas con el fútbol), que iniciar una investigación que permita conocer toda la verdad sobre los hechos denunciados, ya que tanto la malversación de caudales públicos, como el cohecho, la obtención de beneficios indebidos por parte de funcionarios públicos o el aprovechamiento doloso de bienes públicos que les han sido confiados para su administración y custodia, pueden ser figuras típicas que reclamen aplicación en los hechos denunciados”, se expone en la denuncia.