Identificada con la gestión kirchnerista desde hace más de una década y siempre dispuesta a defender las medidas más significativas y polémicas del Gobierno, la entidad que agrupa a las constructoras locales dejó al desnudo las fuertes diferencias internas que se venían registrando puertas adentro y que estallaron con la decisión del titular de la CAC, Gustavo Weiss, de adherirse a la movida contra la nueva Ley de Abastecimiento que llevan adelante las cámaras empresariales nucleadas en el Grupo de los 6 (G-6).
El apoyo brindado por Weis a las instituciones que se oponen a los cambios aprobados por el Congreso –y que ya anticiparon que recurrirán a la Justicia para frenar la aplicación de la norma– provocó un doble cimbronazo. En el seno de la CAC, las constructoras más prominentes y que más contratos se adjudicaron en los últimos años, salieron con los tapones de punta a cuestionar a Weis.
Y desde la vereda oficial, bajaron casi de inmediato fuertes críticas del secretario de Obras Públicas, José Francisco López, que dejaron más que incómodos a los principales referentes del sector que han acompañado y aplaudido las decisiones del Gobierno.
Tanto sus pares en la CAC, como los funcionarios, le reprochan a Weis el rápido y público encolumnamiento que manifestó con el G-6 en la batalla mediática entablada por la sanción de la nueva Ley de Abastecimiento.
Además de mostrarse con los titulares de las otras entidades del G-6 (UIA, ADEBA, Cámara de Comercio, Bolsa de Comercio y Sociedad Rural), Weis no solo suscribió un crítico documento del grupo contra el proyecto impulsado por el Gobierno, sino que además se comprometió a acompañar la ofensiva judicial que prevén encarar los empresarios para frenar la aplicación de las nuevas regulaciones.
Internamente, el que salió al cruce fue Gerardo Ferreyra, uno de los dueños de Electroingeniería que asociado con el grupo chino Gezhouba se quedó con la megaobra de las represas santacruceñas valuadas en US$ 4.714 millones. Al cuestionar al presidente de la CAC, Ferreyra destacó que “la única oposición que hay a la reforma de la Ley de Abastecimiento provino de las grandes empresas, pero no he visto oposición en la clase media, en el pueblo o en los usuarios que son aquellos a los cuales la ley va a proteger”.
Por su parte, José López –el secretario de Obras Públicas que responde al ministro de Planificación, Julio De Vido– consideró que “es inentendible el acompañamiento incondicional del presidente de la CAC a la postura corporativa que han presentado las cámaras empresariales que representan a los intereses más concentrados del país”.
Desde el Gobierno les hicieron saber a los “pesos pesados” del sector como Techint, Roggio, Cartellone y Corporación América (Eurnekian) que deben despegar a la CAC de la movida en los Tribunales que efectuarán en los próximos días las entidades empresariales.
Las primeras reuniones informales entre los referentes de las grandes constructoras comenzarían esta semana y no se descarta que emitan algún tipo declaración pública para dejar en off side a Weis.
Dueño de la empresa Eleprint y al frente de la CAC desde hace casi dos años, Weis quedó en la mira de sus colegas que no quieren enojar a los funcionarios y que, en caso de ser necesario, no dudarían en hacerlo a un lado y forzar un cambio anticipado en las riendas de la entidad.
Bajo la pomposa denominación de “nuevas regulaciones de las relaciones de producción y consumo”, el Congreso aprobó una serie de normas diseñadas por el equipo económico de Axel Kicillof que apuntan a un mayor intervencionismo estatal en todas las actividades productivas.
Las reformas a Ley de Abastecimiento le permiten a los funcionarios intervenir y establecer en cualquier instancia del proceso económico márgenes de utilidad, precios de referencia, valores máximos y mínimos, la incautación y venta de bienes y la aplicación de sanciones que van desde fuertes multas hasta clausuras inmediatas de industrias y comercios.
