Si bien los lobistas del holding que conduce Enrique Pescarmona le habían advertido a la Casa Rosada la complicada situación económica y financiera que enfrentaba la empresa, la confirmación oficial de que no puede cancelar los vencimientos de las Obligaciones Negociables (ON) puso en estado de alerta a las principales figuras del Gobierno.
El traspie de IMPSA le ha generado a los funcionarios un doble problema. Por un lado, la repercusión internacional que tendrá la cesación de pagos de una empresa local histórica que tiene negocios y obras en ejecución en más de 10 países. Y por otro lado, la necesidad de buscar alguna salida transitoria que le permita a la compañía superar las actuales dificultades y mantener los 300 empleos directos y los casi 1.000 indirectos que tiene en la provincia de Mendoza.
Las mayores presiones que está recibiendo el Gobierno para que arme un “salvavidas” destinado a IMPSA provienen de la administración mendocina de Francisco “Paco” Pérez.
El mandatario oficialista no quiere sumar otro “fracaso laboral y social” como el que afrontó con la caída del megaproyecto de explotación de potasio que iba llevar adelante el grupo brasileño Vale.
Las posibles vías de auxilio que tienen los funcionarios nacionales son muy limitadas. Actualmente IMPSA tiene un solo contrato significativo de obra pública en marcha con la Nación. Se trata de la provisión de un equipamiento a medida para la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Embalse que está valuado en casi US$ 200 millones. Una opción sería adelantarle parte de los pagos del contrato que estaban previstos para 2015.
Otra opción en danza pasaría por destrabarle la asistencia financiera que la gestión camporista del Banco Nación que encabeza Juan Ignacio Forlón le frenó a IMPSA hace más de un año para la instalación de dos parques eólicos de 100 MW en la Patagonia.
Esos parques forman parte del “paquete” de cuatro proyectos de energía renovable que la empresa tiene adjudicados desde 2010 en el marco de programa GENREN, pero que hasta ahora no pudo poner en marcha por falta de financiamiento.
De acuerdo con la información remitida a la Bolsa, IMPSA no podrá hacer frente a dos pagos de intereses que vencen esta semana por 23 millones de dólares y 42 millones de pesos correspondientes a las Obligaciones Negociables que colocó en el mercado local en los últimos cuatro años.
La empresa señaló que, entre otras causas, sus problemas financieros obedecen a la falta de pago de los contratos de provisión de turbinas hidroeléctricas que arrastra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro. Según fuentes del sector, las deudas que acumula Venezuela por las obras de la central de Tocoma llegarían a casi US$ 500 millones.
Otro factor negativo que afecta a IMPSA es la situación recesiva que enfrenta Brasil, donde tiene su base internacional de fabricación de generadores eólicos por medio de la empresa WPE (Wind Power Energy).
En el comunicado a la Bolsa, la empresa destacó que “se encuentra evaluando su situación operacional, comercial y financiera, y elaborando un plan que tenga en cuenta sus posibilidades financieras y brinde sustentabilidad a su negocio” . Agregó que en los próximos días va a “proponer un plan de negocios que resguarde el valor de la compañía, dándole sustentabilidad operativa y financiera y promueva la continuidad de los puestos de trabajo”.
En esa línea, el grupo Pescarmona contrató al estudio de abogados Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz y a la consultora Quantum Finanzas que conduce Daniel Marx para que elaboren un plan de restructuración de pagos que sería presentado a los acreedores en un plazo de 60 días.
La deuda financiera de IMPSA treparía, en total, a unos US$ 1.000 millones y entre sus principales acreedores se encuentran el BNDES de Brasil, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y los bancos locales Hipotecario, Galicia, Nación y BICE.
En tanto, a la lista de empresas en cesación de pagos que ha abierto IMPSA podría sumarse otra compañía del grupo Roggio.
Se trata de CLISA (Compañía Latinoamericana de Infraestrucgura y Servicios) que según la calificadora de riesgo Standard & Poor’s enfrenta una “posibilidad real de incumplimiento en los próximos meses”.
“Las calificaciones en moneda extranjera de ’CCC-’ de CLISA reflejan nuestra opinión de que la entidad no logrará continuar honrando sus obligaciones en moneda extranjera bajo las potenciales restricciones para acceder a monedas extranjeras y/o las restricciones de su capacidad de transferir dinero al extranjero”, advirtió la calificadora.
“La calificación en moneda local de ’CCC-’ refleja nuestra opinión de que la empresa no logrará generar suficientes recursos en moneda local para honrar todas sus obligaciones financieras bajo nuestro escenario base, el cual tiene una fuerte influencia del incumplimiento selectivo del soberano (el default selectivo de la Argentina) y sus implicaciones en el entorno económico que la entidad afrontará en el corto y mediano plazo”, destacó la consultora.
Según puntualizaron los analistas de S&P, “el negocio de CLISA está limitado por su alta exposición a contrapartes del sector público de Argentina, ya que esto genera con frecuencia volatilidad de la rentabilidad y oscilaciones inesperadas en su capital de trabajo”.