En abril de este año y luego del conflicto docente, el Senado bonaerense apuró la creación de un organismo de Mediación y Arbitraje para el empleo público provincial. El organismo que debe existir por mandato constitucional desde 1994 logró media sanción en la primera parte del 2104. Los gremios lo rechazaron porque no fueron consultados en la elaboración y ahora -luego del receso invernal- se espera que el proyecto tenga sanción definitiva para convertirse en Ley. Diferencias sindicales, como así también en la redacción distancian cada vez más las posiciones.
Los gremios estatales ya habían advertido la situación que está próxima a tener un desenlace con la sanción definitiva de la Ley. Fue cuando en junio todo el arco sindical se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González para transmitirle el malestar. En esa oportunidad el titular de SUTEBA, Roberto Baradel había explicado que “lo que objetamos es que los miembros-del Organismo- son nombrados por el Ejecutivo. Se habla de conjueces. Todo esto estaría quitándole imparcialidad por eso queremos discutir con los senadores y diputados para que se establezca a través de un listado”.
En la constitución modificada en el año 1994, el inciso 4 del artículo 39 establece que “la Provincia garantiza a los trabajadores estatales el derecho de negociación de sus condiciones de trabajo y la substanciación de los conflictos colectivos entre el Estado provincial y aquellos a través de un organismo imparcial que determine la ley”.
Pero las diferencias aparecen en la letra chica del proyecto enviado por el Ejecutivo y sancionado en el Senado boanerense. Es que según exponen desde los gremios estatales lo aprobado “procura como fin último disciplinar a los gremios Estatales en los conflictos colectivos, al reconocer atribuciones en cabeza del Organismo que –entre otros- desnaturalizan el derecho a huelga”.
Así lo hizo notar el sindicato de S.O.E.M.E. Lo particular es que lo hizo a través de una solicitada publicada en el Diario Hoy de La Plata. Un medio cuya dueña, Myriam Renee Chávez de Balcedo, es también la madre del Secretario General de S.O.E.M.E, Marcelo Balcedo y actualmente atraviesa un conflicto laboral con buena parte de sus trabajadores por despidos injustificados.
Con todo, los sindicatos se mantienen firme en el rechazo al proyecto. Además de cargar tanto contra el Ejecutivo como contra el Senado (por no consultar ni invitar a participar “u opinar respecto del proyecto, su contenido y alcance”) la crítica sustancial que exponen es que el organismo se “extralimita asignándole impropiamente atribuciones de resolver conflictos de naturaleza sindical mediante el dictado de una ‘Resolución o Decisión escrita”.
Por ello desde S.O.E.M.E y en nombre de la totalidad de los gremios estatales solicitaron una audiencia con el gobernador Daniel Scioli; el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango y el presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González “para hacer oficial el enérgico rechazo”.
En el medio, interna sindical
Pero el cuadro de situación en relación a la sanción definitiva del Organismo de Imparcial devela también las diferencias entre los gremios. Es que según sostienen desde SOEME, fue la Asociación de Empleados de la Dirección de Rentas e Inmobiliaria (AERI) quién no acompañó la postura mayoritaria.
Critican que el sector que nuclea trabajadores de ARBA y del ministerio de Economía bonaerense elaboró un anteproyecto alternativo al que ya tiene media sanción. Según SOEME el proyecto que maneja el gremio que tiene a Jorge Baldovino como Secretario General fue hecho “desoyendo el mandato” del resto de los gremios de rechazar de plano la creación del organismo bajo los términos que propuso el Ejecutivo.
Sostienen que “lejos de ser propio y fiel exponente del resultado del conceso general de los Trabajadores Estatales, abreva y pivotea sobre el proyecto oficial retocándolo mediante tecnicismo y agregados meramente formales y estériles con modificaciones que hacen incluso más gravoso, antisindical y complaciente el Anteproyecto que la propia norma sancionada en el Senado”.
También dicen que el proyecto de AERI es “nocivo para los trabajadores” ya que “somete a los trabajadores al imperio de la decisión del Organismo Imparcial”; mientras que el del Ejecutivo lo estipula de modo optativo recurrir al Organismo.
Esta semana volverán las sesiones en la Legislatura luego del receso invernal. Desde el Ejecutivo esperan tener el Organismo funcionando para principios del 2015, es decir darle sanción definitiva antes que culmine este período legislativo. Es que el año entrante será clave para la exposición de Scioli. La Provincia afrontará discusiones salariales con la vara puesta en la candidatura presidencial del ex motonauta y tener la herramienta del Organismo implica para el Ejecutivo una oxigenación para futuros conflictos laborales con el sector.
