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Juicio por Once: el motorman no reportó fallas en los frenos del tren

Letra P.- Dos testigos clave coincidieron en que Marcos Córdoba no reportó ninguna falla al control de operaciones. Además explicaron que la responsabilidad final recae sobre los maquinistas, a quienes consideraron idóneos para advertir problemas técnicos y, eventualmente, tomar decisiones al respecto sobre la continuidad del servicio. Hoy continúa el juicio con la declaración como testigos de 4 empleados de TBA.

 

Se reanudó ayer en los tribunales federales de Comodoro Py el juicio oral y público que lleva adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital, en la causa en la que se investiga el hecho ocurrido el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento colisionara en la estación terminal “Once de septiembre” y que produjera 51 víctimas fatales y 789 pasajeros lesionados.

 

El tribunal está integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Ana D’Alessio, esta última en calidad de jueza sustituta.

 

La audiencia de ayer, la número 36 del juicio, comenzó cerca de las 11 horas con el testimonio del testigo Juan Corvalán, quien al momento del accidente era el encargado de turno de la oficina central de Control Trenes. “El conductor no reportó ninguna falla en el tren durante su recorrido”, afirmó Corvalán en referencia a la labor del motorman Marcos Antonio Córdoba aquella fatídica mañana.

 

No moduló al operador ni dejó registro. Nada. La única comunicación entre Córdoba y el puesto de central Control Trenes se produjo en la estación Morón y fue para consultar al operador si la formación que conducía era un servicio rápido o paraba en todas las estaciones.

 

Luego fue el turno del testimonio de Adrián Cascallares, también operario del puesto central de Control Trenes. Cascallares fue terminante: “Cuando me informa la guardia de Once que hubo un accidente pregunté cómo podía ser”. Hasta entonces, el operador de control trenes afirmó que no había tenido ningún reporte de Córdoba sobre alguna falla en el funcionamiento del tren.

 

Además, ambos testigos explicaron el protocolo que debe seguirse en caso de eventualidades o problemas técnicos en las formaciones: “La última palabra en todos estos casos es del motorman”, coincidieron en referencia a si se cancelaba el servicio o no por estas situaciones.

 

Por ejemplo, Corvalán explicó que el motorman es idóneo para determinar si una formación está en condiciones de hacer el recorrido y que su deber es consultar con personal de material rodante si advierte inconvenientes. De todos modos, aclaró: “Si él decide que el tren no va, no va”. Corvalán insistió con la manera en que se procede de acuerdo con la gravedad de una falla: “El motorman puede rechazar salir, si el tren no está en condiciones. Tiene la última palabra; es la autoridad máxima del tren”.

 

Cascallares agregó que un conductor sabe cómo resolver una situación en la que el tren se encuentra con el freno largo, en caso de que efectivamente eso hubiese ocurrido, puesto que es el personal idóneo para conocer si mantiene el dominio de la formación Aun así, no hay reporte alguno de Córdoba sobre esta eventualidad.

 

En su declaración el operador de Control Trenes dejó en la sala su impresión acerca de una cuestión clave para determinar qué paso con el tren chapa 16: “Un tren Toshiba que no tiene aire en las cañerías de freno se queda clavado. O sea, no se puede quedar sin frenos nunca”.

 

Estos dos testimonios fueron los más extensos de la jornada del lunes, y redundaron sobre la información que debió haber brindado Córdoba en caso de advertir fallas en los sistemas de frenos del tren.

 

Durante la jornada se escucharon distintos audios, no sólo del 22 de febrero de 2012, sino también de días anteriores; en total, el TOF 2 presidido hoy por Jorge Gorini seleccionó una lista de 13 cortes, de los 49 solicitados por los abogados de ambas partes, especialmente de la letrada que representa a Marcos Córdoba, la Dra. Valeria Corbacho. De estos registros se advirtió que si había problemas técnicos con algunas formaciones, los motorman detectaban las fallas, las informaban a Control Trenes y cancelaban el servicio. Nada de esto fue lo que hizo Córdoba.

 

Otro de los temas que cobraron protagonismo en la audiencia fueron las puertas abiertas de los trenes. Rafael Urrutia, el testigo número 100 de un juicio que contará con alrededor de 300,  señaló que en horario pico “A veces el tren estaba tan lleno que no podía salir, entonces autorizábamos a quitar el enclavamiento”. Consultado por la determinación de tomar esta medida, contextualizó que, antes de autorizar la misma: “Se anunciaba por altoparlantes que despejaran las puertas y hasta se mandaba personal de seguridad. Pero el tren no arrancaba y la gente se enervaba. La Policía Federal, el motorman, el guarda, todos nos pedían que hiciéramos circular el tren”.

 

Con un testigo reprogramado y otros dos desistidos, la audiencia de ayer dejó una certeza: Marcos Córdoba que se encuentra imputado por el delito de descarrilamiento culposo (art. 196), con pena de 1 a 5 años de prisión, no comunicó ni dijo ni advirtió sobre posibles fallas del tren. A pesar de contar con un privilegio: ser el de la palabra final sobre la continuidad del servicio.

 

En relación a ello, llamo la atención de las querellas, una manifestación de la Dra. Corbacho al oponerse a la resolución del Tribunal que no hizo lugar a su pedido de escucha de determinados audios de radio, “Marcos Córdoba no puede ser el único responsable por el accidente y la extensión del daño causado su exclusividad”. En efecto los letrados intervinientes se sorprendían con ello, “no importa que busque otros responsables, lo que es llamativo es que ya asuma la condena de su cliente” comentaban extrañados en el cuarto intermedio que duró aproximadamente dos horas.

 

Por el accidente de Once, más allá del motorman Córdoba son juzgadas otras 28 personas, entre ellas los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el ex interventor de la CNRT Eduardo Sícaro, el ex Subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna y los directivos del grupo empresario que tenía la concesión del ferrocarril Sarmiento.

 

 

Cristina Fernández de Kirchner.

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