Sociedad

Sindicatos cruzan a grandes empresas por el canon del agua

Letra P.- Desde el sindicato de Obras Sanitarias cuestionaron la actitud de la Unión Industrial que cuestiona la implementación por parte del Estado del canon por uso de agua. “Que los empresarios participen del uso de recursos hídricos con responsabilidad social”, demandaron. Las principales empresas que se sienten perjudicadas son las que se engloban en la COPAL (Coordinadora de industrias de productos alimenticio), como Quilmes, Fargo, la Serenísima o Red Bull, entre otras.

La polémica por el cobro del referido canon se desató hace un par de días cuando desde la Unión Industrial Argentina (UIA) rechazó el “aumento de la presión tributaria” en la provincia de Buenos Aires y puso en marcha “un proceso urgente de consulta con sus entidades miembro respecto de la implementación de la norma reglamentaria del llamado Canon del Agua por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.

 

El Sindicato Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires, “ante las declaraciones de una cámara empresaria de nivel nacional referidas a la vigencia, aplicación y objetivos del canon del agua bonaerense, se ve en la obligación de fijar posición respecto a la norma que fuera consensuada con diversas organizaciones fabriles y de servicios a nivel provincial”, sostuvieron a través de un comunicado suscripto por Julio César Castro, Secretario General de Sosba.

 

“Este canon fue establecido por el Código de Aguas sancionado en 1999 como herramienta para regular los recursos hídricos provinciales, revertir el alto grado de deterioro de los mismos y establecer mecanismos técnicos para estudiar las problemáticas hídricas, auxiliar a las pequeñas y medianas industrias, promover el buen uso del agua, consolidar un compromiso entre los usuarios productores de bienes y servicios para evitar la continuidad de los vuelcos en crudo y otras metas postergadas por más de una década como consecuencias de las presiones llevadas a cabo por los grandes grupos económicos que lucran con el agua y se apoderan del recurso pretendiendo impunidad mediante el descontrol”, consignó el dirigente gremial.

 

“Dada la gratuidad de la principal materia prima (el agua), los industriales justifican la aplicación de una tasa mínima que no redunda en el precio final ni modifica la ecuación financiera de ninguna industria”, subrayó el gremialista.

 

“Los Trabajadores Sanitarios consideramos que el Estado tiene la obligación de legislar para el debido uso y controlar tanto la extracción y como el vuelco, además de prestar asistencia a las pymes que dan empleo masivo, producen para el consumo o asisten a grandes industrias, prestan servicios de diversa índole y no cuentan con tecnología ni posibilidades técnicas para mejorar su participación en el uso de los recursos hídricos”, consignó.

 

Exhortamos a las autoridades provinciales para que continúen el proceso de aplicación del canon, alienten a los empresarios para que participen del ciclo de uso y preservación de los recursos hídricos con responsabilidad social, establezcan políticas que permitan revertir el grave deterioro producido por la falta de control y de aplicación de tecnología referida a buenas prácticas en la materia, y establezca a través de la formación y la información un nuevo paradigma en la sociedad toda para garantizar el acceso al agua confiable a las generaciones futuras”, concluyó.

 

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