El eje central de la disputa planteada entre la administración kirchnerista y las provincias hidrocarburíferas pasa por quién define la adjudicación de las nuevas áreas petroleras no convencionales y cómo se deberían distribuir las ganancias que se esperan a partir de que los yacimientos entren a producir comercialmente.
Tras la decisión de varias provincias de licitar por su cuenta una buena porción de sus áreas no convencionales con el denominado “sistema de acarreo” que les permite asociarse con las empresas inversoras sin poner un peso durante el período de exploración, el gobierno nacional y el titular de YPF salieron al cruce de esa movida promoviendo un nuevo marco regulatorio y legal que apunta a unificar una serie de criterios y a darle un mayor protagonismo y poder de decisión a la petrolera manejada por Galuccio.
La ofensiva de la Nación sobre las 10 provincias petroleras quedó a cargo del ministro de Planificación, Julio De Vido y el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini.
De Vido es el responsable de la negociación política. Ya se reunió con todos los gobernadores para entregarles el borrador que contiene los grandes lineamientos de la nueva ley de hidrocarburos que impulsa la Nación. Zannini, por su parte, es el encargado de redactar la “letra chica” del proyecto que será remitido al Congreso una vez que todos los mandatarios pasen por la Casa Rosada para dar su consentimiento a las modificaciones.
La apuesta de los funcionarios es que los gobernadores se reúnan el lunes con la presidenta Cristina Kirchner y estampen su firma en un acuerdo general que permita avanzar con los cambios.
El borrador en juego tiene cinco puntos salientes que la Nación quiere “armonizar” con las provincias:
-) La duración de las concesiones de los yacimientos convencionales y no convencionales. La idea en danza es que los nuevos permisos se extiendan por 35 años.
-) El porcentaje equivalente a las regalías. Desde la Nación quieren que no superen el 12%, tal como establece la actual ley de hidrocarburos.
-) Un mecanismo de adjudicación de las áreas que privilegie la competencia y las inversiones y limite el actual “modelo de acarreo” que aplican casi todas las provincias.
-) La unificación de las cargas fiscales y tributarias. En este caso, lo que buscan las autoridades nacionales es que se establezca un alícuota común para el impuesto a los Ingresos Brutos que actualmente registra fuertes asimetrías entre las provincias petroleras.
-) Una mayor “estandarización” en materia de exigencias y controles ambientales a las empresas que decidan invertir en exploración y explotación de hidrocarburos.
A estos ítmes se agrega una cláusula que quiere imponer Galuccio y que no es del agrado de las provincias. Galuccio pretende establecer por escrito que cada vez que una provincia llame a licitación para concesionar áreas de exploración y explotación deberá darle prioridad y ventaja a las ofertas que presente YPF.
En cuanto a los puntos principales que la Nación tiró sobre el tapete, las provincias no tendrían mayores inconvenientes para consensuar los aspectos relacionados con los plazos de las concesiones, las cargas tributarias, los controles ambientales y el nivel de las regalías.
En cambio, sobre lo que no habría acuerdo es sobre la cuestión del mecanismo de selección y adjudicación de los nuevos concesionarios.
Neuquén y Mendoza ya advirtieron que no abandonarán la aplicación del “modelo de acarreo” que les da la posibilidad de acceder a distintas participaciones en las áreas concesionadas sin tener que cubrir las fuertes inversiones iniciales que les corresponden y que pasarán a compensar en el futuro con el crudo y el gas que aporten los pozos en los primeros años de producción.