Así, desde la Comisión no dudan en afirmar que de esta manera se agrava la situación de los derechos humanos en la Provincia. “La información oficial no hace más que confirmar que la orientación de las políticas anunciadas insisten en un esquema de control territorial que delega la seguridad pública en la policía bonaerense”, comenzaron expresando, “confirmando que el discurso bélico, de guerra contra el delito, se ha transformado en acción, el comunicado oficial expresa entre los resultados que se efectuaron ´164 enfrentamientos con 35 delincuentes abatidos´”.
“Sin eufemismos el gobierno provincial asume que en su concepto de la seguridad y la ´paz social´ tiene entre los resultados positivos esperables la muerte de los enemigos, que ya no son personas muertas, sino delincuentes abatidos en enfrentamientos. Una simple proyección de lo informado, nos indica que en un año de emergencia morirían en los denominados enfrentamientos más de 290 personas. Lo que para el ejecutivo parece ser un dato esperable y positivo, sólo nos habla de un escenario de mayor violencia que no disminuye sino que aumenta las muertes en la provincia de Buenos Aires”, continuaron.
También remarcaron las detenciones, cacheos y secuestros en el marco de procedimientos policiales sin orden judicial. “Tal como expresáramos, sabemos por nuestra tarea cotidiana que la habilitación de privaciones de libertad por parte de la policía, sin autorización y al margen del control judicial, es la condición de posibilidad de otro tipo de acciones tales como el reclutamiento para cometer delitos, la extorsión, la tortura y las desapariciones forzadas de personas”, definieron.
“Otro motivo de preocupación es el anuncio de 13.000 delitos esclarecidos. Esto es parte de una concepción de la función policial completamente apartada del rol constitucional. La función policial no es esclarecer, sino prevenir y reprimir delitos aportando, en el mejor de los casos, elementos de prueba que, legalmente obtenidos, contribuyan a que el poder judicial determine en el marco de un proceso la existencia o no de un delito y la imputación, condena o absolución de una persona. De manera tal que lo expresado refuerza la profundización del esquema de delegación judicial en la policía, y como contrapartida, la falta de avance en la implementación de la policía judicial”, retrucaron.
Por todo esto, para la Comisión Provincial por la Memoria “la presentación de cifras realizadas en el marco del balance de la emergencia en materia de seguridad, expresa una gran subestimación hacia la opinión pública. Como señalamos en el último Informe Anual, a partir del año 2013 el Ministerio de Seguridad dejó de publicar datos relacionados con los delitos. Hasta la fecha, los últimos datos publicados por el Ministerio de Seguridad son de diciembre de 2012. Sin embargo, a la hora de evaluar los primeros 45 días de la emergencia, se presentan datos comparativos entre los años 2014 y 2013, sin precisar la metodología ni las instancias oficiales que han elaborado esas cifras”. “La improvisación y debilidad técnica de estos datos no resisten el análisis de lecturas atentas”.
Además, criticaron la reapertura de los calabozos en las dependencias policiales y otras cifras más difundidas por el gobierno provincial. “Cabe recordar que la clausura de los calabozos en dependencias policiales fue dispuesta con motivo de las inhumanas condiciones de detención y la disfuncionalidad respecto al rol que tiene la policía que no es la de custodiar detenidos sino la prevención de delitos”, recordaron.
“Los anuncios dados confirman un apartamiento cada vez más pronunciado por parte del Ejecutivo provincial de las propuestas de seguridad democrática y en este punto profundizan la distancia entre políticas de seguridad y respeto a los derechos humanos”, concluyeron desde la Comisión.
