Durante la tarde de este último lunes, el Tribunal resolvió “por UNANIMIDAD rechazar las cuestiones planteadas como previas por la defensa” y “ABSOLVER por MAYORÍA con el voto concordante de los doctores Abel Buil, Juan Carlos Hitters, Atilio Rossello, Eduardo López Wesselhoefft, José Miguel Nemiña, José Luis Núñez, Héctor Vitale y Héctor Ricardo Martín y con las disidencias de los Dres. Luciano Martini y Lucía Portos; al señor Juez Titular del Juzgado Correccional Nro. 4 del Departamento Judicial Mar del Plata, doctor Pedro Cornelio Federico Hooft de los hechos que se le imputan en la presente causa”.
Así, solicitaron que “Hooft sea reintegrado a sus funciones y se disponga el levantamiento del embargo que oportunamente trabara este Jurado mediante Resolución nro. 3/13 del expediente mencionado (arts. 45 y 30)”. La querella había exigido al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de Buenos Aires que se lo destituya del cargo, al considerar que fue “funcional a la dictadura militar por no investigar los delitos de lesa humanidad cometidos“.
Este martes, Carlotto expresó “nuestra enorme desazón por la decisión”. “Esta decisión permite que un juez citado a indagatoria por la justicia federal por delitos de lesa humanidad (confirmada por la Cámara Federal y por Casación), con restricción de salida del país (decretada por Casación nacional) siga en funciones”, dijo además.
Pero “sin embargo respetamos el fallo, porque respetamos profundamente la democracia y el funcionamiento de sus instituciones. Lamentablemente, varios sectores de nuestra sociedad no han tenido esta misma conducta a lo largo de la historia, y mucho menos en el período 1976-83”.
A fines de marzo, el diputado que responde al Gobernador, Guido Lorenzino, quedaba afuera del proceso. “No llegaba antes de la una y llamé para avisar pero me dijeron que no me podían esperar. Ya me pasó en otros jury y este es un jury igual que cualquier otro. La importancia se la están dando los medios de comunicación”, explicó el legislador según publicó el portal Infojus Noticias, quienes remarcaron que su par Fernando “Chino” Navarro estaba sorprendido por aquella ausencia.
Por eso a raíz de aquel episodio se levantaron ciertas sospechas, en donde se puso bajo la lupa el papel que el sciolismo habría decidido jugar en este proceso.
“Está claro que la causa penal sigue, y que seguramente habrá apelaciones en la Corte Suprema de la Provincia. Es que resulta contradictorio y hasta ilógico, que quien puede dictar sentencias esté imputado de los delitos más graves que la justicia universal contempla”, continuó señalando por su parte el hijo de Estela de Carlotto.
“No podemos dejar de subrayar lo que entendemos como una conducta corporativa del Tribunal, en un contexto histórico bien claro: los juicios de lesa humanidad, a lo largo y ancho de todo el país, van poniendo luz sobre las complicidades civiles con la dictadura 1976-83. La política de Memoria, Verdad y Justicia exige profundizar este camino”, opinó, concluyendo que “el proceso iniciado en 2003 apunta a la reconstitución de un esquema de valores, y la reconfiguración de un marco judicial. Por eso entendemos que la sentencia resulta al menos miope, porque dice que los delitos cometidos por el juez NO son de lesa humanidad, haciendo una intolerable limitación conceptual a su respecto. Contradiciendo y negando las conquistas logradas en la última década”.
