Sociedad

El bullying llegó al Sistema de Protección de Derechos del Niño

Un total de 46 casos de bulliyng o acoso escolar fueron abordados por el Sistema de Promoción y Protección de Derechos del Niño en la provincia de Buenos Aires en 2013, según un informe elaborado por la Secretaría de Niñez y Adolescencia bonaerense.

Se trata de 21 niñas y 25 niños o jóvenes menores de 18 años, cuyos casos fueron denunciados como tales y fueron abordador por los Servicios Locales o Zonales ubicados en 17 municipios.

 

Además, el trabajo estadístico, elaborado mediante el Registro Estadístico Unificado de Niñez y Adolescencia (REUNA), resalta que 15 casos fueron por presentación espontánea de la víctima o de sus familiares, 11 por instituciones de Educación, 10 por la Justicia, 7 por organismos de Seguridad, 1 por Salud, 1 por el Consejo de Niñez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 1 por el Registro Nacional de Chicos Extraviados.

 

Las situaciones de violencia en las escuelas motivaron que en 2012 la Subsecretaría de Promoción de Derechos del Niño de esta cartera provincialjunto con Dirección General de Cultura y Educación y otras dependencias del gobierno provincial elaborara una “Guía de Orientación para la intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar”.

 

Entre otros escenarios de violencia, este protocolo para los docentes indica qué deben hacer ante casos de acoso escolar u hostigamiento.

 

Entre los puntos más salientes, la guía menciona que “el hostigamiento supone el padecimiento, por parte de uno o más miembros estigmatizados de la comunidad escolar, de formas de agresión sostenidas en el tiempo. Esto puede darse dentro del ámbito escolar o fuera, por ejemplo, a través de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación (como las redes sociales)”.

 

También se insta al abordaje desde los equipos de Orientación Escolar, a entrevistar a los padres o referentes adultos de todos los involucrados en el conflicto y en base a cada caso acordar una estrategia de intervención que puede incluir el pedido de asistencia al Sistema de Promoción y Protección de Derechos de la provincia.

 

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