“Se lo voy a consultar al Ministro”. Eso fue lo que le dijo a Letra P el intendente de Morón, Lucas Ghi, sobre la presencia de efectivos involucrados en la desaparición de Luciano Arruga en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, antes de llegar a La Plata a una reunión sobre cambios en seguridad.
Pero la resolución del Ministerio de Seguridad bonaerense –que fue efectiva la semana pasada– de volver a ponerlos en funciones, generó la reacción de diferentes organizaciones de Derechos Humanos y provocó que la hermana del joven, Vanesa Orieta, advirtiera de la gravedad que tiene la decisión.
“Luciano: 5 años desaparecido, 5 años de impunidad. 8 policías en funciones nuevamente y mucho silencio. Los DDHH se defienden o se violan”, fue uno de los mensajes que redactó Orieta en Twitter, luego de enterarse a la decisión del dirigente sabbatellista, quien también utilizó la red social para anunciar que no quería en su distrito a los efectivos que ostentan ese prontuario.
“Ayer me comuniqué con el Ministro (Alejandro) Granados para exigir que ningún policía involucrado en el caso Arruga sea trasladado a Morón”, redactó Ghi.
La actitud del jefe comunal sienta un precedente en el caso y genera incertidumbre, además de exponer a la Provincia, en dónde terminarán prestando funciones los representantes de la ley provincial, cuestionados y sospechados de un caso histórico para la sociedad bonaerense.
“Estos señores se encargaron de borrar muy bien las pruebas de lo que pasó con Luciano. No creo que hayan superado las costumbres de contratar personas para robar”, le había explicado a este medio el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel.