La historia de la desaparición de Luciano Arruga es un hecho paradigmático para la democracia. Junto a Jorge Julio López y Marita Verón, es uno de los casos que golpea bajo a la sociedad argentina, que sigue en deuda con su familia por el hecho que ocurrió hace 5 años.
A pesar de que la pelea de su familia es constante pare encontrar a los culpables, una decisión insólita demuestra la política de Seguridad bonaerense. El fin de semana, la noticia llegó hasta La Matanza, tierra que gobierna Fernando Espinoza: ocho de los oficiales involucrados en la causa volverán a funciones.
Según trascendió, el hecho fue avalado por una acción judicial presentada por los involucrados, que benefició a todos los efectivos de la policía bonaerense y, a través de la resolución número 359, Granados reincorporó a los involucrados a la fuerza.
“Esta decisión que ha tomado Daniel Scioli, a través del ministro Alejandro Granados, es una ofensa hacia la familia y a los que los vienen acompañando. El mensaje que se da con esto es ´les damos las armas y los uniformes a pesar de que hayan hecho desaparecer a un ciudadano´”, le explica a Letra P el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel.
Los dichos del referente social es una muestra de lo que sucede en la familia Arruga, que reflejó la indignación a través de su hermana, Vanesa Orieta. “El dolor es indescriptible, la impunidad me da asco. 16 años tenía Lu cuando fue torturado y desaparecido”.
“Estos señores se encargaron de borrar muy bien las pruebas de lo que pasó con Luciano. Algunos fueron a la Comisaría del centro de Morón. No creo que hayan superado las costumbres de contratar personas para robar”, insistió el titular de la APDH matancera.
Desde la Comisión Provincia por la Memoria (CPM), se repudió la medida que expone a la gestión sciolista. “Esta decisión no hace más que brindar un manto de cobertura y promover la impunidad y el desarrollo de prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la policía bonaerense. No se trata solo del caso de Luciano; el mensaje tendrá sus efectos hacia el interior de la fuerza policial y repercutirá sobre los sectores populares que son los que cotidianamente sufren el accionar violento e ilegal de la Bonaerense”.