Los planteos de la izquierda en la Legislatura Ciudad de Buenos Aires generalmente son impracticables por dos razones. En primer lugar, porque proponen modificaciones al orden establecido que generan tensión y rechazo al resto de las fuerzas políticas y, en segundo término, porque el Gobierno macrista no suele acceder a reclamos de las minorías políticas, por lo menos en el ámbito del Parlamento porteño.
El proyecto peca de irracional no por la propuesta sino porque pretende que el Gobierno de la Ciudad se deshaga de la Corporación Buenos Aires Sur y que fomente la reunión de vecinos para debatir políticas públicas para la zona sur.
Sin dar el brazo a torcer e insistiendo con su ideología y sus iniciativas en cada sesión ordinaria, el diputado porteño del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Marcelo Ramal, redactó un polémico proyecto que propone disolver la Corporación Buenos Aires.
Para el único representante que tiene Jorge Altamira en la Legislatura porteña, esa entidad que maneja el Gobierno porteño quiere privatizar las tierras que posee en el sur de la Ciudad, el sector geográfico del distrito con mayor déficit habitacional.
La Corporación Buenos Aires Sur es un ente de desarrollo para el sur de la Ciudad. Fue creada como sociedad del Estado, con la misión específica de promover el desarrollo social y económico de la zona sur de la Ciudad.
Ramal no es ingenuo, quiere atacar al PRO en el corazón del órgano de captación de votos en las zonas más postergadas del distrito que gobierna desde el año 2007. Desde que Mauricio Macri llegó al sillón de Bolívar 1, Corporación Sur fue usada para aumentar el electorado macrista en las villas de emergencia porteña. Esto último se intensificó en los últimos años con las falsas promesas de escrituraciones y viviendas de la Villa Olímpica a construirse próximamente en la zona sur, la más postergada de la Ciudad de Buenos Aires.
Según se informa en la página web del Gobierno porteño, la ley que le dio vida al ente define el área de desarrollo sur que será objeto de aplicación y crea la Corporación “a los fines de desarrollar actividades de carácter industrial, comercial, explotar servicios públicos con el objeto de favorecer el desarrollo humano, económico y urbano integral de la zona”.
Concretamente, Ramal propone declarar al polígono de terrenos de Corporación como área protegida de la Ciudad para que sus tierras queden “eximidas de cualquier uso inmobiliario o comercial de carácter empresarial” y para que esos espacios se destinen a “viviendas sociales, espacios verdes públicos, espacios educativos, sanitarios, culturales y deportivos de carácter público”.
Además, el legislador del FIT exige que las tierras que se destinen a construcciones de viviendas otorguen prioridad a la leyes de urbanización vigentes y que se completen, en menos de dos años, todos los servicios, equipamiento y personal necesario para el Hospital de Lugano, creado por ley en 2005 pero que, desde ese año hasta la actualidad, funciona como una salita de salud.
Lo curioso e impracticable, visto desde la lógica del PRO, llega en el artículo número diez del expediente. “La asignación de todas las viviendas enmarcadas en la presente ley deberá asumir un carácter público, bajo la supervisión de una comisión integrada por representantes de los vecinos, de los cuerpos de delegados de las villas, de los complejos habitacionales, del consejo consultivo de la Comuna 8 y de las organizaciones sociales y barriales actuantes en la zona”, expresa el último artículo de la iniciativa trotskista.
En ese sentido, Ramal quiere que se forme un “Congreso de vecinos” cuyos miembros serían electos en las sesiones de ese mismo congreso vecinal. Si bien la idea es ampliamente democrática y es aceptada por los vecinos, es imposible de llevarse a cabo, por lo menos durante la gestión macrista.
Al PRO le costó mucho e hizo todo lo posible por frenar las Juntas Comunales que apenas dan un poco más de posibilidad de influir en las políticas públicas a los vecinos, menos posibilidad dará a que se forme un congreso vecinal en el que el Ejecutivo no va tener ninguna incidencia.
Para el diputado que responde al líder del PO, Jorge Altamira, el leitmotiv de su proyecto es plantear “un giro de 180 grados en la orientación social que el gobierno de la Ciudad –y los principales bloques que dominan la Legislatura– se vienen planteando para el sur y sudoeste porteños”.
“Esta orientación no es nueva, y ha sido plasmada en la creación de la Corporación Buenos Aires. Este organismo ha sustraído a las tierras ociosas del sur de la Ciudad al patrimonio y control del estado de la Ciudad y sus organismos. La formación de un ente autárquico viabiliza la privatización de estas tierras, como ha venido ocurriendo durante la última década en diferentes aspectos”, sentencia Marcelo Ramal.
Además, explica que dicho ente “ha sido creado a imagen y semejanza de la Corporación Puerto Madero, que a comienzos de los 90 puso en marcha la privatización de las tierras y predios del puerto de Buenos Aires y la costa ribereña”.
Por si fuera poco, fiel a su estilo, Ramal aprovecha el proyecto para darle un mensaje al ex jefe de Gobierno y actual legislador Aníbal Ibarra, evaluando su gestión como “pseudoprogresista”. “Esta política, que atraviesa la Ciudad desde las administraciones pseudoprogresistas hasta hoy, en donde se plantea otro salto en materia de privatización de tierras”.
En diálogo con Letra P, el legislador del FIT indicó que el trabajo de Corporación Buenos Aires Sur “se inscribe en el marco de una administración paralela que tiene autonomía financiera por los ingresos que tiene en concepto del producido de las ventas de los terrenos que posee”.
“También tiene autonomía en el diseño de planificación urbana porque hace trabajos y programas sin consultar a los distintas instituciones políticas que deben estar notificadas o, incluso, a los mismo vecinos”, remató Ramal.