“Genera una mayor concentración en el mercado audiovisual y las telecomunicaciones porque las empresas telefónicas van a poder abarcar todo el país con 4 servicios” remarcó el titular de Asociación de Consumidores Libres, Héctor Polino; quién además confió que el proyecto “declara servicio público una etapa, las relaciones entre las empresas mayoristas, pero no entre las empresas y los usuarios”.
Por su parte, Fernando Blanco Muiño, de la Unión de Consumidores Argentinos explicó que el proyecto también da la posibilidad de que las tarifas sufran aumentos injustificados.
Para ello puso el énfasis en el 15 de la iniciativa, en donde “sólo declara servicio público a lo que es el uso y acceso a redes para licenciatarios”, y deja el resto como servicios “de interés público”, las empresas podrán disponer subas que “es posible que impacten en el bolsillo de los consumidores”. Por eso, pidió que se modifique el artículo 1 “para que todo lo declaren de servicio público y no de interés público”.
La iniciativa fue defendida por una de las directoras del AFSCA, Graciana Peñafort. La funcionaria explicó que “el proyecto responde a los modelos más avanzados de legislación digital” y que “las redes van a estar abiertas” para la convergencia y los pequeños operadores de cable del interior tendrán tiempo para adecuar su tecnología para brindar también telefonía”.
También desde el AFSCA, pero opositor, Gerardo Millman dijo que tenía “serias dudas de que este proyecto vaya a favor de todos los usuarios y de las cooperativas” y apunto a que esta ley viene a darles el cuarto poder a los fondos buitre. Sucede que el mismo holdout que está detrás de Donnelly y General Electric tiene el 7,8 por ciento de la Telefónica de España” y al mismo tiempo toma definiciones en Telefé.