En Tribunales, José Manuel De la Sota, realizó un pedido a la Justicia para declarar inconstitucional el artículo 5º, inciso F, del Decreto 660 del 10 de mayo de 2010, mediante la cual se exige acordar el desistimiento de los juicios iniciados en contra del Estado Nacional en el marco del Programa de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas.
Para el mandatario cordobés, se violan en forma arbitraria e ilegal los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional, y se la trata discriminatoriamente respecto de las otras provincias al obligarla a desistir de acciones judiciales contra el Estado Nacional.
“Este trato discriminatorio repercute negativamente en la situación económica de la Provincia ya que no solo no formó parte de la distribución de ATN realizada al 31/12/2013, sino que, automáticamente, se afectó la Coparticipación Federal de Impuestos que le corresponde al pago de la deuda que mantiene con la Nación”, se informó desde la Gobernación de Córdoba en un comunicado.
El pedido a la justicia incluyó que se ordene al Estado Nacional a otorgar a la Provincia el mismo tratamiento que al resto de las jurisdicciones incluidas en el “Programa de desendeudamiento”.
Por último, como medida cautelar, se solicitó que por el plazo de un año se ordene la suspensión de las retenciones que le efectúan a Córdoba de los recursos de Coparticipación Federal de Impuestos.