En medio de las fuertes complicaciones cambiarias y los cambios en la conducción del BCRA, Mariana Matranga -la camporista que remplazó a mediados de año a Daniel Cameron en el timón de la secretaría de Energía- recibió el visto bueno de Kicillof para que le conceda una asistencia crediticia especial a Edenor (la empresa controlada por el grupo Pampa Energía de Marcelo Mindlin) con los recursos que maneja la CAMMESA, la administradora estatal del sector eléctrico.
La medida (que fue instrumentada por medio de la resolución 65) autoriza la habilitación de un préstamo con “un contrato de mutuo” entre Edenor y la CAMMESA que tendrá una tasa de interés equivalente al rendimiento medio de las colocaciones financieras que efectúa ese organismo.
La ayuda estatal se destinará a cubrir el “plan de inversiones extraordinarias” que definió Edenor para morigerar los cortes en el verano y ascendería a un total de $ 500 millones.
Si bien en los aspectos operativos y técnicos la ejecución de la política energética sigue en manos del ministerio de Planificación de Julio De Vido, el que decide y destraba los pagos para as obras y las asistencias financieras es Kicillof.
Más allá de la visión edulcorada que tiene el equipo económico de Kicillof sobre el real y preocupante panorama del sector eléctrico, la resolución firmada por Matranga termina reconociendo algunas de las graves consecuencias que se fueron acumulando por el retraso tarifario y el congelamiento de los ingresos que registran las distribuidoras eléctricas de la región metropolitana.
En primer lugar, admite la “insuficiencia de recursos” que sufre actualmente el FOCEDE, el fondo para obras de “consolidación y expansión de distribución eléctrica”.
Este fondo fue creado a fines de 2012 y se alimenta con un cargo fijo que deben pagar todos los usuarios residenciales, industriales y comerciales de Edenor y Edesur. Por esta vía, el Gobierno recauda algo más de $ 1.200 millones por año que se destinan a los trabajos de renovación y ampliación de las redes eléctricas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
En segundo lugar, pone al descubierto que el “programa de obras iniciales” ya no resulta suficiente para recuperar la desinversión registrada en los últimos años. En los fundamentos de la resolución, se consigna que Edenor procedió a “reformular el programa de obras diseñado a principios de año en dos partes. Por un lado, el “plan de inversiones ordinario”, que se atiene con la recaudación del FOCEDE. Y por otro lado, el flamante “plan de inversiones extraordinario”, que requiere de otra fuente de financiamiento adicional.
Y en tercer lugar, justifica el temor oficial a los cortes veraniegos al sostener que “por el crecimiento de la actividad económica resulta necesario tomar medidas que deben adoptarse de inmediato y que sean capaces de adecuar la situación en la que se encuentran las redes de distribución a efectos de minimizar potenciales riesgos de abastecimiento de la demanda de energía eléctrica”.
En el caso de Edesur –la otra distribuidora eléctrica que presta servicios en la región metropolitana y que está bajo el control del grupo italiano ENEL–, el Gobierno ya le había tirado un “respirador financiero” similar al de Edenor a principios de año.
En esa ocasión, el “préstamo” para las obras extraordinarias se ubicó en torno de los $ 250 millones. Pero ahora no se descarta que reciba una nueva asistencia por el doble de ese monto para cubrir los mayores costos derivados de la devaluación de enero y la incorporación de nuevas obras en los barrios porteños y del Conurbano donde los cables están límite de su capacidad técnica.
Más allá de estos “parches transitorios”, el sector eléctrico sigue en terapia intensiva y con las principales distribuidoras del país –Edenor y Edesur—que arrastran facturas impagas por más de $ 4.000 millones por la energía que reciben del sistema nacional.
