“Con motivo de los diversos acontecimientos sufridos por particulares y profesionales del periodismo”, se realizó la reunión convocada por el secretario de la comisión de Libertad de Expresión, Marcelo D’Alessandro.
“En primer lugar, entendemos importante recordar que la libertad de expresión es un derecho humano reconocido por los Tratados Internacionales y que resulta fundamental para cualquier régimen republicano que aspire a ser democrático”, expusieron desde la comisión en un comunicado.
En el encuentro expusieron el director de La Política Online, Ignacio Fidanza, escrachado con afiches anónimos, y el periodista de Santiago del Estero, Juan Pablo Suárez, director del sitio Ultima Hora, preso ilegalmente por orden del gobierno de Gerardo Zamora y Claudia Abdala.
También participaron la titular de la Fundación Led, Silvana Giudici y Carlos Jornet de Adepa y director de La Voz del Interior.
Entre los diputados se encontraban Patricia Bullrich (Unión PRO), Graciela Camaño y Liliana Schwindt, Darío Giustozzi (Frente Renovador) y Gustavo Valdez (UCR), sin representantes del bloque kirchnerista.
“Lamentablemente, asistimos a diario a situaciones en la cuales particulares y profesionales del periodismo aparecen siendo víctimas de juicios públicos morales a través de diversos medios de comunicación o de las redes sociales, escraches en la vía pública, pintadas, destrucciones de sus casas o de sus autos. Hasta se ha llegado al extremo de acusar y procesar a un periodista por supuesto terrorismo de Estado. Estas actitudes buscan amedrentar, amenazar y callar a las voces de quienes opinan distinto”, resaltó la comisión.
Y agregaron que “no es esta la única manera que se ha encontrado para tratar de que exista una única versión de la realidad”. “La distribución de la propaganda oficial, la prohibición a anunciantes privados para que publiciten en medios que no son del agrado del Gobierno, la aplicación arbitraria de la Ley de Medios, son también sin lugar a dudas mecanismos que desde el poder se utilizan para acallar las voces que reproducen la versión oficial de los hechos”, sostuvieron.
“Creemos que todos estos mecanismos afectan considerablemente el derecho humano de la libertad de expresión y, en consecuencia, es nuestro deber manifestar el más alto grado de preocupación y repudio a cualquier acción que intente acallar la libre expresión, porque lo que está en juego es un derecho que hace a la esencia propia del régimen democrático de nuestro país”, cerraron.
Por su parte, Fidanza afirmó “la tensión entre los que hacemos periodismo político y los políticos es permanente, pero siempre prevalece un interés superior que es esta idea de una sociedad democrática y abierta, donde la prensa cumple un rol esencial” y agregó que “en ese sentido, no es casual que en los países con mayor restricción de los derechos civiles sean los mismos que mayores condicionamientos imponen a la libertad de prensa”.
“Desde que los Kirchner asumen el poder del Gobierno nacional se desplegó el dispositivo de intento de control y represión del periodismo independiente más extenso que vi”, fustigó el director de LPO.