Mirar con binoculares

Al borde de potenciar su habitual desconfianza, Daniel Scioli parece apelar al método de dividir a la opinión pública. A la comunidad educativa en general –y a los padres en particular– no le cae bien que casi 4 millones de alumnos lleven perdidos, hasta ahora, diez días de clases durante el actual ciclo lectivo. Esa estrategia política puede empezar a desgastar las huelgas de los gremialistas docentes.

En la víspera públicamente, el gobernador le pidió a la dirigencia sindical bajar los decibeles de la confrontación y abrir una nueva instancia de diálogo, pero “con los chicos en las aulas”.

“Estamos atravesando un año difícil, por lo cual creo que merecemos una consideración especial”, dijeron a coro los ministros Oscar Cuartango (Trabajo) y Nora De Lucía (Cultura y Educación), antes de confirmar que la Provincia, aún respetando el derecho de huelga, iba a descontar a los maestros los días de paro: el 50 por ciento ahora en junio y el restante 50 por ciento “más adelante”.

“Para descontar son muy rápidos, pero para pagar salarios adeudados no”, se quejaban desde el entorno del titular de SUTEBA, Roberto Baradel.

“Hay discriminación, porque ante nuestra contrapropuesta de que en vez de tres tramos el aumento –del 22,6 por ciento– se haga en dos, la respuesta es un no categórico”, se quejó la sindicalista Mirta Petrocini (FEB).

El malestar de los sindicalistas docentes se potenció al advertir que otras negociaciones fueron avanzando y cerrando por encima del 24 por ciento.

Se refieren a una de las pocas buenas noticias que recibió Scioli de parte de sus ministros durante los últimos tiempos. La semana pasada, la Provincia logró que los trabajadores judiciales terminaran aceptando la oferta salarial del 26,5 por ciento para las categorías más bajas, además de una mejora sobre una bonificación que perciben los empleados de los tribunales, que era un planteo del gremio de la AJB.

En definitiva, el distanciamiento entre los sciolistas de la gobernación y los ministros K de la Casa Rosada dejan al descubierto que “la relación está rota”. Scioli entiende que el elevado nivel de conflictividad sindical con el Frente Gremial Docente, en demanda de una mejora salarial, es un complicado “sarpullido que le genera picazón”, pero que la raíz de la “infección” es la tensa relación política que hoy por hoy tiene con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En apretada síntesis, y a través del ministro de Educación, Alberto Sileoni, el gobierno nacional volvió a descartar la posibilidad de otorgar alguna asistencia financiera especial a la Provincia.

A esta altura, es lógico suponer que la presidenta no le va a mandar a Scioli los recursos extras necesarios para satisfacer la demanda docente. El ministro Sileoni exhortó al gobernador a “hacer algún esfuerzo más” para mejorar el aumento salarial de 22,6% en tres tramos que estableció por decreto el Ejecutivo bonaerense en marzo. Aun cuando esa oferta es similar a la que otorgó, también por decreto, la Casa Rosada a los maestros.

“A simple vista, y así como están plateadas las cosas entre Nación y Provincia, seguiremos en conflicto escolar todo el año”, se vaticina en algunos ámbitos gubernamentales.

En mayor o menor medida, Scioli sabe que el altísimo nivel de acatamiento que alcanzaron las últimas dos recientes medidas de fuerza docente en algunos distritos del mapa bonaerense pueden hacerle pagar algún “costo político”, pero también está al tanto que el “mal humor social” que generan esas protestas escolares también se cargaran en la cuenta corriente del kirchnerismo por no asistir financieramente a la Provincia, justo en un año electoral por renovación legislativa.

Frente a un horizonte gris, y con pronosticó de aulas vacías, desde las trincheras de la oposición, no pocos legisladores se inclinan por pedirle a la presidenta Cristina de Kirchner que intervenga en el conflicto salarial entre la gobernación y el Frente Gremial Docente, “para encontrar una solución” ante una discusión que mantiene en virtual parálisis el sistema educativo de la provincia.

La Casa Rosada no puede desentenderse de un conflicto docente que afecta el dictado de clases, por motivos directamente relacionados con la falta de recursos financieros hacia la tesorería bonaerense, por supuesta falta de voluntad política para ayudar a resolver las cosas.

“Si el gobernador no puede solucionar en soledad el conflicto docente, entonces que intervenga la Nación y garantice la educación pública”, reflexionan en La Plata.

Aun cuando Scioli sigue pronunciando su lealtad con el proyecto nacional y popular K, no pocos referentes del Frente para la Victoria-PJ aseguran que el gobernador apuesta a que al gobierno nacional “le vaya mal” en la elección legislativa del domingo 27 de octubre próximo.

En un parpadear de ojos, los “soldados” de Cristina Fernández aseguran que, para que Scioli no tenga ninguna posibilidad de anotarse en la carrera presidencial de 2015, en lo inmediato la decisión es mezquinarle fondos para que “arregle los problemas solo” en la provincia. “Ahora, tiene que pagar sueldos y el medio aguinaldo a los empleados de la administración pública. Si cumple con esa obligación –voceros gubernamentales garantizan ese compromiso–, hipoteca los números de Tesorería y va a caer en una tremenda insuficiencia de gestión durante el segundo semestre del año”, auguran desde el kirchnerismo salvaje.

Dentro del “microclima” de la gobernación manejan los tiempos con el equilibrio habitual.

“Creemos que Daniel, en 2015, puede encarar un proyecto presidencial que sintetice estos últimos diez años de gobierno kirchnerista”, período que, como se sabe, los “cristinistas K” califican como la “década ganada”, coincidían días atrás en la agrupación La Juan Domingo un puñado de legisladores provinciales, entre otros dirigentes sciolistas y militantes peronistas, junto a Alberto Fernández, el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner y principal referente del Partido del Trabajo y la Equidad (PARTE).

De reojo también evaluaban cómo el oficialismo K empezó la campaña proselitista con la presidenta Cristina Fernández poniéndose al frente del proceso electoral. Ese esquema revela que el kirchnerista Frente para la Victoria carece de un candidato que pueda, por sí mismo, garantizar un resultado saludable de la elección legislativa de octubre, razón por la cual dan por hecho que será Cristina quien se ponga al frente de la campaña en la provincia.

El vicegobernador Gabriel Mariotto, que parece haber logrado mejorar su sentido del equilibrio haciendo la vertical dentro de la Casa Rosada, ya salió a pedir continuar con el respaldo militante a la presidenta y, ya instalado en la antesala electoral, señaló que es fundamental “predicar en los lugares donde la idea está difusa”.

“A esta década ganada queremos que la siga otra más”, se entusiasmó la presidenta Cristina en medio de las recientes denuncias de corrupción que salpican la gestión del kirchnerismo en la Nación.

En medio de toda la hojarasca que cubre las diagonales platenses y por el clima de ascenso que le ponen los hinchas de Gimnasia, a punto de su regreso a la Primera División del fútbol argentino, también se les presta atención a las negociaciones abiertas con el objetivo de apuntalar la construcción del armado del peronismo no kirchnerista.

“¿De qué década ganada hablan, si un cuarto de la población es pobre, la inseguridad aumenta, la inflación es de casi el 30 por ciento y buscan someter a la Justicia y a los medios?”, se preguntó José “Pepe” Scioli, dirigente del armado de Francisco de Narvaéz.

En este marco aparece la indefinición del intendente de Tigre, Sergio Massa, sobre si participará o no en las elecciones de octubre –pese a la amplia proyección que muestran algunas encuestas– por el Frente Renovador Peronista. “Cuando orejeás tanto los naipes es porque no tenés tanto como para ganar una partida de truco”, chicanean desde el denarvaísmo.

De esa menor “agenda política partidaria”, la dirigencia legislativa debería poder abstraerse para lograr aprobar, antes de octubre venidero, algunas iniciativas de la “agenda ciudadana”, tales como el proyecto que pretende agilizar razonablemente los procedimientos de adopción en la provincia.

Esa iniciativa iba a ser votada sobre tablas días atrás por la Cámara de Diputados, pero la sesión se suspendió por los incidentes protagonizados por empleados comunales que reclamaban la sanción de una ley que deroga la 11.757, sobre régimen para el personal de las municipalidades, además de otro proyecto para la apertura de un sistema de paritarias a nivel provincial para el sector.

El oficialismo K, el año pasado, votó por unanimidad en la Cámara Joven una iniciativa similar del diputado bahiense Marcelo Feliú –Frente para la Victoria-PJ–, pero después el tema no fue abordado en el Senado debido a que estaban “a la espera de la reforma del Código Civil nacional” y perdió estado parlamentario.

Definitivamente, la agilización de los trámites y el verdadero sentido de la adopción –el derecho y necesidad de todo niño de tener una familia y no al revés– es una cuestión central que debe tener prioridad en la agenda legislativa bonaerense.

El jefe del bloque del Frente para la Victoria-PJ, Juan de Jesús, confía en que la Legislatura sancione este año la nueva ley, que “hará que los jueces agilicen los procesos para que la adopción sea posible”.

Para que la ley de adopción obtenga “mayor peso político y un expeditivo tratamiento legislativo”, Feliú, De Jesús y el presidente de la Cámara de Diputados, Horacio González, ya habrían conseguido la “luz verde” en el Senado tras discretas negociaciones con el vice Mariotto y la titular de la bancada de senadores oficialistas K, Cristina Fioramonti.

(*) Periodista, columnista de La Nueva Provincia